Organizaciones sociales y rondas campesinas: “Gobierno ni Congreso nos representan”
Del encuentro con líderes de las tres regiones naturales del país surgió un documento en el que se propone una economía mixta y justa, un nuevo pacto social que permita construir un poder soberano mayoritario y homogéneo, y la defensa de los recursos naturales estratégicos, entre otros.
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Medio centenar de organizaciones sociales de base, representativas de las tres regiones del país, sostuvieron un Encuentro Nacional en Lima para evaluar la crisis política y concluyeron que el Ejecutivo y el Congreso no los representa y que es necesaria una nueva Constitución.
El dirigente de la Federación Regional de Comunidades Campesinas y Productores Agropecuarios de Apurímac (FERCCAPA), Fausto Torres, expresó que es necesario construir un Estado plurinacional, democrático y participativo.
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“La economía debe ser mixta, social y solidaria, inclusiva, que garantice empleos dignos y remuneraciones justas, buscando un desarrollo más equitativo. Estamos trabajando para construir un poder constituyente que sirva a los pobres del Perú”, indicó Torres, quien fue parte del encuentro denominado “Por un nuevo pacto social rumbo a las elecciones 2026”.
El dirigente de las rondas campesinas de la provincia de Hualgayoc, Cajamarca, Sandro Vásquez, expresó que la Carta Magna solo representa a pequeños grupos de intereses económicos.
“Los recursos estratégicos deben estar controlados por el Estado para beneficiar a las grandes mayorías y no solo a los empresarios que viven a costa de estos, destruyendo nuestras cabeceras de cuencas y afectando el derecho al agua”, arguyó Vásquez.
Los pueblos indígenas
Durante el evento, la secretaria de la Mujer de la Comunidad Étnica de los Pueblos Quichuas Amazónicos de San Martín, Sandy Guerra, relató que los derechos de los pueblos indígenas amazónicos son frecuentemente vulnerados y que el Estado poco o nada hace para revertir dicha situación.
“Enfrentamos un considerable distanciamiento con el gobierno. Por esta razón, estamos aquí para establecer las bases de un nuevo pacto social que nos permita construir un poder soberano mayoritario y homogéneo”, propuso la dirigente indígena amazónica.
Las demandas de las comunidades desde los territorios, mediante representaciones legítimas, buscan corregir una exclusión histórica cuando se presente la oportunidad de una nueva Constitución.
Representaciones políticas del actual Congreso rechazan la idea de elaborar una nueva Carta Magna alegando que sería un “atentado” contra la democracia. Sin embargo, de acuerdo con estudios recientes, al día de hoy un 40% de la Constitución de 1993 ha sido reformada. De los 63 artículos modificados, lo que representa el 40% del total, contaron con la aprobación del Congreso en lo que va del periodo 2021-2026.
Los recursos naturales
“La redacción de la mayoría de las constituciones ha estado en manos de sectores elitistas y poderes políticos y económicos, una práctica que no debe repetirse. El nuevo pacto social debe construirse desde las bases, desde las comunidades. Este proceso se está gestando y hoy ha tomado un nuevo impulso, porque es un clamor popular”, destacó el Apu Malllku del Consejo de Autoridades Originarias de Puno, José Carlos Gutiérrez Sancho.
Gutiérrez planteó que lo que se requiere es un modelo económico mixto enfocado en el bien común, asegurando la soberanía y la gestión sostenible de los recursos naturales, asegurando la inversión pública en los sectores estratégicos.
“La crisis energética actual, carente de soberanía, exige un cambio. El Perú demanda crecimiento, pero no a costo de destruir nuestros ecosistemas o las fuentes de agua. Es necesario un desarrollo sostenible y justo, donde las comunidades marginadas y cuyos territorios han sido afectados encuentren justicia, inclusión y reparación de los territorios afectados, sin lo cual no hay un verdadero desarrollo nacional”, argumentó Gutiérrez.
En un documento que se elaboró al final del encuentro se propone la construcción de un Estado descentralizado y plurinacional, el reconocimiento de territorios comunales y el fortalecimiento de la fiscalización ambiental.
A la reunión asistieron organizaciones de Cajamarca, Apurímac, Cusco, Puno, Áncash, Ayacucho, Callao y Lima, entre otras.






















