Presidenta suprimió del mensaje la firma de contrato para compra de 24 aviones de guerra

El anuncio de la suscripción del contrato para la adquisición de 24 cazas para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que era parte del texto del último discurso presidencial ante el Congreso, no fue referido por la jefa de Estado, Dina Boluarte.

Después de cuatro horas de la alocución, cuando se encontraba en la página 81, la presidenta Boluarte pasó directamente al folio número 96, de un total de 97, apurando la finalización de la lectura.

Entre los anuncios de importancia que fueron suprimidos por la mandataria Boluarte, en la página 91 mencionaba la confirmación de la compra de las aeronaves de guerra, entre otras contrataciones de relevancia.

En el texto cancelado la jefa de Estado indicaba que en el segundo semestre de este año sería suscrito el contrato para la renovación de la flota de combate de la FAP con 24 unidades de última generación.

 “(La) firma del contrato para la adquisición de 24 aviones de primera línea para la renovación de la Fuerza Aérea”, mencionaba en la página 91, suprimida a último momento.

En el mismo folio cancelado Boluarte también se refería a los proyectos que cumpliría al finalizar gobierno, como el arribo de un nuevo avión ambulancia y la compra de dos aeronaves estratégicas de transporte de pasajeros,

Es en ese contexto que se hacía alusión al proceso de compra de los cazas para la FAP, según el texto oficial del discurso, más precisamente en la página 91.

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Una decisión incierta

De haber sido confirmada la firma del contrato para este año, la FAP contaría con una flota de 24 aeronaves de combate de nueva generación, casi tres décadas después de la última adquisición efectuada en los años 90.

En la parte del mensaje suprimido no se indica en específico el modelo de avión de guerra, ni la modalidad de compra, aunque da por sentado que la compra es un hecho. Para ese ya existe un presupuesto asignado de US$3.500 millones. En diciembre de 2024, el Congreso dio el visto bueno para desembolsar el 57% del total para este año.

Conforme a lo referido en la parte del mensaje cancelado, como otros proyectos, la compra de los aviones de combate, “tendrá garantizado el presupuesto y las condiciones para su debida ejecución”, dando a entender que es una decisión irreversible.

Hace pocas semanas, el comandante general de la FAP, general del aire Carlos Chávez Cateriano, señaló que el 31 de julio de este año concluye el proceso de evaluación de los modelos, y que luego se esperaba la emisión del Decreto Supremo que declara de interés nacional la compra de las aeronaves y aprueba la modalidad de contratación con el proveedor.

Las autoridades del Ejecutivo no han explicado por qué la presidenta Boluarte resolvió no leer las 16 páginas finales de su discurso, que contenía el anuncio de la suscripción del contrato para modernizar la fuerza aérea de combate con 24 unidades de última generación.

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La experiencia anterior

Entre 1996 y 1998, en el contexto de la disputa bélica con Ecuador, el régimen de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y la cúpula militar, compraron a Bielorrusia las aeronaves de guerra MiG-29 y Sukhoi Su-25, de fabricación rusa y de segunda mano, por US$402 millones. Luego completaron el proceso con otras 3 unidades nuevas de MiG-29SE, contratadas a la Federación Rusa, por US$126 millones. En total se invirtieron US$528 millones.

Desde entonces, por razones de falta de presupuesto, pero sobre todo por los procesos judiciales por corrupción contra los que intervinieron en las adquisiciones de los MiG-29, Mig-29SE y Su-25, se postergaron los proyectos de renovación de estas aeronaves.

El Comando de Operaciones de la FAP (COMOP) inició hace 12 años las evaluaciones y estudios de los modelos para reemplazar la flota de primera línea, que además de las aeronaves de fabricación rusa, incluye a los franceses Mirage 2000P, comprados por el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en 1982.

Como informó La República, el COMOP consideró que los modelos adecuados a los planes de modernización de la FAP son el francés Rafale F-4, el estadounidense F-16 Block 70 y el sueco Gripen E. Sin embargo, los estudios resaltan las ventajas de la propuesta de la compañía sueca Saab, entre otras razones por el monto, la cantidad y el programa de compensaciones industriales y sociales.

Las reuniones en Lima en la primera quincena de julio entre el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, con su par peruano, Walter Astudillo, y del principal accionista de Saab, la fábrica de los Gripen E, Marcus Wallenberg, con la presidenta Dina Boluarte, alimentaron las versiones de una probable inclinación del gobierno peruano por el modelo de Suecia.

Uno de los aspectos de la oferta de Saab que más entusiasma al Ejecutivo son las posibilidades de coproducción y transferencia tecnológica, como sucede con Brasil. En 2014, se suscribió un contrato por 36 cazas. De ese número, 13 han sido fabricados completamente en Suecia; 8 serán construidos en parte igualmente en las instalaciones de la empresa sueca, pero los trabajos serán concluidos en Brasil con la intervención de profesionales de este país, en cumplimiento de un acuerdo de “offset” (programa de compensaciones y transferencia tecnológica). Otros 15 Gripen E serán ensamblados en su totalidad en Brasil, según informó Saab.

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Cuestión de precios

El 2 de abril de este año, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que la fuerza aérea de su país se modernizará con el modelo sueco Gripen. El presupuesto señalado es de US$1.600 millones por 16 ejemplares, que incluye un ambicioso programa de compensación, como la habilitación de un Centro de Industria Aeroespacial, infraestructura para el acceso masivo al agua potable y tecnología de punta para el sistema hospitalario nacional. 

Según las autoridades colombianas, pesó en la decisión de elegir el modelo Gripen E el tiempo de entrega de 2 años (frente a los 5 años ofrecidos por Dassault por los Rafale y Lockheed Martin por los F-16). 

También influyó mucho el costo. Los franceses solicitaron por una flota de 16 cazas US$3.700 millones, los estadounidenses US$3.000 millones y los suecos US$1.900 millones. 

Es muy probable que por los mismos motivos que el gobierno peruano se define por la propuesta sueca. Si es que la jefa de Estado no ha cambiado de opinión a último momento, como también se interpreta por qué suprimió la página 91 de su discurso sobre la firma del contrato.