Política

Denuncia constitucional contra Dina Boluarte por homicidio lleva medio año estancada

Lentitud. La denuncia constitucional que formuló el fiscal supremo Juan Villena contra la presidenta no avanza. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista José Jerí (Somos Perú) fue elegido delegado en este caso en diciembre del 2024, pero aún no presenta el informe final.

Investigada y blindada. Ninguna denuncia constitucional contra Dina Boluarte ha prosperado hasta el momento en el Congreso. Foto: Presidencia
Investigada y blindada. Ninguna denuncia constitucional contra Dina Boluarte ha prosperado hasta el momento en el Congreso. Foto: Presidencia

El 13 de diciembre del año pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso), eligió al parlamentario José Jerí (Somos Perú) como delegado en una denuncia constitucional que pesa contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas.

Se trata de una acusación constitucional que interpuso el fiscal supremo Juan Villena contra la mandataria y los exministros Pedro Angulo, Alberto Otárola, César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero por presunto homicidio calificado y lesiones graves y leves.

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Con ese encargo, el congresista Jerí es el responsable de elaborar y presentar el informe final para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pueda avanzar la investigación contra la presidenta Boluarte por las muertes en las protestas.

Sin embargo, ha pasado más de medio año y todavía no hay informe presentado.

Dos días después que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le encomendara esta acusación constitucional, venció la primera legislatura y el Congreso entró en receso parlamentario.

Durante ese periodo, entre enero y febrero de este año, el caso no avanzó.

Fuentes del Congreso explicaron que en marzo, cuando acabó el receso, comenzó la investigación y las solicitudes de información a las instituciones competentes.

El 14 de abril, agregaron, fue presentado el informe de determinación de hechos. Después de ello, debieron comenzar las audiencias.

En esa etapa, el congresista delegado escucha la versión de las partes involucradas para la elaboración del informe final.

Sin embargo, hasta el momento todavía no hay audiencias por este caso en la Subcomisión de Acusaciones.

La segunda legislatura terminó el 15 de junio y la siguiente, correspondiente al periodo 2025-2026, comenzará en agosto próximo.

Ese mes, las bancadas definen las presidencias de las comisiones. ¿Continuará la legisladora Acuña como titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?

Primero, dependerá de que APP continúe liderando la comisión y, segundo, de que dicha bancada la ratifique. Para cuando se inicie la próxima legislatura, el Tribunal Constitucional habrá resuelto la demanda competencial que interpuso el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial para evitar que la presidenta Boluarte sea investigada mientras ejerce el cargo.

La presidenta del TC, Luz Pacheco, declaró a la prensa que a fines de este mes se conocerá la decisión. Un fallo favorable a las pretensiones del Gobierno bloqueará cualquier indagación contra Boluarte.

En el caso Rolexgate, la congresista delegada Nilza Chacón (Fuerza Popular) alegó en su informe final que un presidente no puede ser investigado en funciones. Boluarte, así, salió airosa de esa denuncia constitucional.

Sobre la acusación que presentó Villena en su contra, la decisión que tome el TC también puede ser determinante en el Congreso.

La República buscó la versión del legislador de Somos Perú, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.

Archivaron 4 denuncias constitucionales contra Dina Boluarte

El sábado 21, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso envió al archivo cuatro denuncias constitucionales contra Dina Boluarte, tres de ellas por las muertes en las protestas que hubo entre finales del 2022 e inicios del 2023. La otra imputación desestimada fue por una presunta usurpación de funciones.

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