Gustavo Adrianzén justifica que el Estado le pague abogados a funcionarios: "Tengo una docena de denuncias"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló estar a favor de que el Estado financie la defensa legal de funcionarios que son denunciados durante el ejercicio de su cargo, por actos propios de este. "Imagínense ustedes a nosotros los funcionarios públicos trabajando para la sociedad y siendo denunciados todos los días", señaló durante su paso por Piura.

La República publicó un informe donde se dio a conocer que hasta la fecha el Ejecutivo gastó más de un millón de soles en la defensa legal de la presidenta Dina Boluarte y los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

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"Hablaré desde mi experiencia, yo tengo 33 años en el servicio público, nunca he sido denunciado, y ahora en el ejercicio del cargo tengo como una docena de denuncias (…) Lo que hay que trabajar con los funcionarios públicos es la prudencia, no porque el Estado lo pague significa que puedo hacer lo que quiera", comentó el funcionario.

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Incierto

Este martes 29 de abril se firmó la autógrafa de la medida que liberará el 100% de los fondos de las cuentas CTS para todos los trabajadores del sector privado. Al respecto, el funcionario señaló estar preocupado por el futuro de los empleados ante este nuevo acceso al fondo de ahorro.

"En el Ejecutivo vamos a revisar. Tenemos algunas profundas interrogantes. Respetamos la decisión del Congreso pero vemos con preocupación que los ciudadanos usen esos recursos y luego no tengan nada", aseveró.

Cuarto de guerra innecesario

Sobre la utilidad del anunciado “cuarto de guerra”, donde se informaba sobre los logros del Gobierno de Boluarte contra la criminalidad, el funcionario detalló que cayeron en cuenta que era innecesario “sobresaturar de mensajes a la población” por lo que pasará a ser un reporte semanal.

Asegura que es temporal

Con respecto a la prohibición de la movilización de dos personas en motolineal en Lima y Callao, Adrianzén pidió la colaboración de los motociclistas asegurando que sería una medida temporal.

“A pesar de la vigencia de esta norma, hay quienes persisten en tener esta actitud que como sabemos es típica de la conducta criminal: uno conduce y el otro va atrás. Hacemos un llamado a los motociclistas para que colaboren (…) Cuando solucionemos esto (sicariato) todo volverá a la normalidad”, puntualizó el premier.

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Falta de financiamiento

Adrianzén también se pronunció sobre la falta de presupuesto para el Ministerio Público. Tras una reunión con la fiscal de la nación, Delia Espinoza, se le informó que tres fiscalías especializadas tendrían problemas de presupuesto: fiscalía de medio ambiente, de prevención de la violencia contra la mujer y de flagrancia.

“Nos hemos comprometido a hacer una revisión de la asignación presupuestal. Hemos acordado que el próximo lunes o martes nos vamos a volver a reunir en presencia del ministro de Economía y el director general de presupuesto.

Conflicto social latente

Sobre la oposición al proyecto minero Tía María, el presidente del Consejo de Ministros mencionó que el gobierno de Dina Boluarte sería respetuoso de la protesta ciudadana pero que no permitiría que la violencia escale como en el año 2015. Además, señaló que contaría con la aprobación de la población y esta se encontraría “deseosa” del inicio de operaciones.

“Yo no minimizo (la protesta), solo digo la realidad de las cosas: (quienes se oponen) es un grupo pequeño de pobladores los que están operando en el Valle de El Tambo, Islay, y a esos pobladores yo los invito a sumarse a la mesa de diálogo”, finalizó.