Blindaje a Dina Boluarte: los 10 congresistas que votaron a favor de archivar la denuncia por el caso 'Rolex'
Parlamentarios de Fuerza Popular, APP y bancadas aliadas votaron a favor de no continuar con la denuncia constitucional presentada por el ex fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la presidenta.
- Tía María: agricultores anuncian paro el 16 y 17 de diciembre en el Valle de Tambo, mientras Southern continúa construcción del proyecto
- Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, con 10 votos a favor, al informe final que recomienda no seguir adelante con la denuncia constitucional por el delito de cohecho pasivo impropio presentada por el ex fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el 27 de mayo de 2024, contra la presidenta Dina Boluarte por el caso 'Rolex', y ordenó su archivamiento.
La iniciativa fue respaldada por los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia), Nilza Chacón, Víctor Flores, Héctor Ventura y Martha Moyano (todos de Fuerza Popular), Luis Aragón y Elvis Vergara (Acción Popular), Nelcy Heidinguer (Alianza para el Progreso), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) y Jorge Coayla (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo).
TE RECOMENDAMOS
DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
En oposición al informe votaron Patricia Chirinos, María Jáuregui y Esdras Medina (Renovación Popular), Flavio Cruz (Perú Libre), Pasión Dávila (Bancada Socialista) y Edgar Raymundo (Bloque Democrático Popular). Por su parte, José Jerí (Somos Perú) y María Acuña (Alianza para el Progreso) optaron por abstenerse.
El informe final fue propuesto por la fujimorista Nilza Chacón
La congresista Nilza Chacón, de Fuerza Popular, fue la encargada de elaborar el informe final sobre esta denuncia constitucional. En su argumentación, la legisladora fujimorista sustentó su posición en el artículo 117 de la Constitución Política.
Según explicó, los hechos imputados a la presidenta, relacionados con un presunto delito de cohecho pasivo impropio, no están contemplados dentro de las causales que dicho artículo permite para acusar a un jefe de Estado en funciones. Asimismo, recordó que la denuncia fue presentada mientras Dina Boluarte aún ejerce la presidencia. El artículo 117 establece que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria o por impedir elecciones.
Presuntos favores, relojes y vínculos personales: ejes de denuncia contra Dina Boluarte
El fiscal Juan Carlos Villena acusó a la presidenta Dina Boluarte de haber incurrido en el delito de cohecho pasivo impropio, alegando que durante su mandato habría recibido artículos de lujo, como relojes Rolex y joyas, por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Según el propio gobernador, estos bienes fueron entregados como “préstamos”, argumentando que Boluarte, por su condición de presidenta y mujer, debía proyectar una imagen acorde al cargo. No obstante, el Ministerio Público considera que esta explicación encubre la entrega de dádivas no registradas oficialmente, lo que configuraría un acto de corrupción vinculado a sus funciones públicas.
Un punto clave en la acusación es que al menos uno de los relojes habría sido entregado directamente en el despacho presidencial, un espacio reservado para labores oficiales. Esta entrega, sin constancia administrativa ni justificación formal, fue parcialmente confirmada por una exfuncionaria que presenció cómo Oscorima se quitaba el reloj para dárselo a Boluarte, lo que refuerza la hipótesis de un trato privilegiado fuera de los cauces institucionales.
Aunque Boluarte ha descrito su vínculo con Oscorima como una “amistad sincera de hermanos”, la Fiscalía sostiene que esa relación no elimina la posibilidad de una conducta delictiva. Por el contrario, el uso de lazos personales para la entrega de objetos de alto valor no registrados en las declaraciones juradas podría interpretarse como una forma de corrupción encubierta y un posible intento de ocultamiento patrimonial.
Finalmente, el Ministerio Público señala que existirían indicios de un beneficio político indebido, ya que Oscorima, quien adquirió los bienes en tiendas de lujo tanto en el país como en el extranjero, no solo tuvo acceso directo a la presidenta, sino que también habría influido en decisiones del Ejecutivo al margen de los procedimientos oficiales.
