Dina Boluarte: Fiscalía abre investigación contra Vanessa Walde, funcionaria que descartó desbalance patrimonial de la presidenta

La Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro (Quinto Despacho) ha iniciado una investigación preliminar para aclarar las supuestas irregularidades en la selección y salario de Vanessa Walde, subgerente de Fiscalización de la Gerencia de Análisis de Información para el Control de la Contraloría. Walde habría conseguido el cargo sin cumplir con los requisitos necesarios y actualmente goza de licencia por maternidad desde el 14 de enero y ha salido del país.

"La subgerencia, en este caso, requiere por lo menos 8 años de experiencia profesional, 5 de ellos, experiencia específica. En el caso de Walde Ortega, por lo menos en su declaración e información pública del Seace, no se logra acreditar que cumpla los requisitos señalados para el cargo", de acuerdo con los antecedentes de la disposición de inicio de investigación fiscal.

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De acuerdo con su declaración jurada de intereses, Vanessa es abogada de la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Derecho Procesal por la misma universidad, egresada de la Maestría en Gerencia Pública por Eucim Business School, diplomado en Derecho Administrativo por la Universidad Austral de Argentina y docente Universitaria en la Universidad de Ciencias Aplicadas - UPC. No contaría con experiencia previa de trabajo en el Estado.

¿Cuál es la relación de Vanessa Walde con el Contralor César Aguilar?

Vanessa Walde Ortega, de 32 años, es hija del exjuez supremo Vicente Walde Jaúregui, quien fue jefe de Aguilar Surichaqui en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Federico Villareal. Posteriormente, cuando Surichaqui asumió el cargo de contralor, designó a Walde Ortega como responsable de la Subgerencia de Fiscalización, un puesto de confianza.

Una investigación de La República encontró que luego de una serie de cambios en el personal de la Gerencia de Análisis de Información para el Control, dependiente del vicecontralor de Gestión Estratégica, Integridad y Control, a cargo de Luigino Pilotto Carreño, se emitió un documento de análisis que descarta un presunto desbalance patrimonial en la presidenta Dina Boluarte. El documento es utilizado por la defensa de la mandataria para restar credibilidad a un peritaje oficial que encontró depósitos de origen desconocido por 58 mil soles.

El informe de fiscalización de la Contraloría fue presentado el 4 de octubre de 2024 a la fiscalía. Este documento fue revisado y aprobado por la subgerente de fiscalización, Vanessa Walde Ortega y lo firmaron las Contadoras Públicas Colegiadas Sandra Calderón Lázaro y María Luisa Acuña Morales y la abogada Martha Cecilia Antezana Córdova.

Dina Boluarte y el desbalance en su patrimonio

La última declaración jurada presentada por Dina Boluarte ante la Contraloría General revela que sus ingresos anuales en 2024 sumaron S/792.167,99, una cifra que se cuadriplicó en solo tres años desde que asumió la presidencia. En 2021, sus ingresos reportados fueron de S/160.415,06, cifra que aumentó a S/389.519,23 en 2022, y a S/593.347,31 en 2023. Estos montos, consignados en el rubro "otros", incluye bienes de valor como vehículos, joyas, propiedades arrendadas o cedidas, así como rentas vitalicias e intereses por colocación de capitales, entre otros.

El exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, señaló que este notable incremento en tan corto tiempo es anómalo y solo incrementa los cuestionamientos sobre un posible enriquecimiento ilícito de la mandataria, quien está envuelta en la controversia del caso Rolexgate. Este patrón de aumento patrimonial en circunstancias cuestionables no hace más que profundizar las sospechas y críticas sobre la transparencia de su gestión.

Al respecto, Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, precisó que las cifras totales de las declaraciones juradas en cuestión serían "un resumen aritmético" y que ahí no estaría la justificación documental que arriba esa conclusión.