Política

PJ autorizó levantar el secreto bancario del congresista José Arriola por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores

El legislador cuenta con una investigación preliminar por el presunto delito de la administración pública, al ser señalado de supuestamente exigir a sus trabajadores de entregarle un porcentaje de su salario.

José Arriola Tueros, congresista
Congreso

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundado el requerimiento del levantamiento del secreto bancario del congresista José Arriola (Podemos Perú), en el marco de las investigaciones por presunto recorte de sueldo a sus trabajadora.

La misma medida se impuso contra los trabajadores afectados: Fernando Portal Obregón, Mario García Quispe, Carlos Valenzuela Abanto, Oscar Terán Chingel, Danny De la Cruz Yamachi y Joel José Nuñez Mendoza.

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De acuerdo con la resolución judicial, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía será la encargada de ejecutar la medida. Por su parte, las entidades bancarias privadas y estatales, de los involucrados, deberán proporcionar de forma inmediata la información correspondiente.

Todo ello tiene como objetivo "identificar el número total de las transferencias, depósitos o cualquier otra operación bancaria que se hubiera realizado en las cuentas activas y pasivas del investigado (José Arriola) y los trabajadores de su despacho afectados.

"Dispongo que ejecutada la presente medida restrictiva de derechos, deberá dar cuenta del resultado para el control respectivo; asimismo, deberá hacerse de conocimiento a los afectados a fin garantizar lo preceptuado en el artículo 204° del Código Procesal Penal", dicta la resolución.

José Arriola y las "donaciones" de sus trabajadores

De esta forma, sigue su curso la investigación contra José Arriola, la cual inició en abril del 2023 cuando un reportaje de Cuarto Poder reveló que algunos trabajadores del despacho congresal eran obligados a entregar parte de su remuneración mensual al legislador.

Tras ello, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia penal y como parte de ello, la Fiscalía realizó una diligencia en el despacho congresal de Arriola. En esa oportunidad, encontró declaraciones juradas suscritas por trabajadores subordinados al citado congresista, en las que consta la entrega de aportes consistentes en sumas de dinero y víveres a favor de campañas sociales que haría parlamentario en beneficio de la población de la localidad del distrito de Ate.

Con esto se inició una investigación preliminar promoviéndose diligencias contra Arriola Tueros en su condición de congresista de la República, como presunto autor del delito contra la Administración Pública – concusión, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 382° del Código Penal en agravio del Estado.

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