Cirugía de Dina Boluarte: ¿está prohibido conocer el precio de la intervención?
El abogado especialista en datos personales y transparencia, Renato Sotelo Torres, consultado por el portal jurídico LP, precisó si el costo de la rinoplastia de la presidenta es de acceso público.
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Dina Boluarte se habría ausentado de sus funciones presidenciales entre junio y julio del 2023. Así lo confirmó las declaraciones de Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización el último 3 de diciembre. De acuerdo con lo señalado por el expresidente del Consejo de Ministros, la presidenta se realizó una rinoplastia "por motivos de salud" el año pasado.
Esto generó que la Fiscalía inicie una nueva investigación contra la presidenta a parte de las ya aperturadas por el caso Rolexgate, las muertes en protestas, el cofre presidencial, la desactivación del Eficcop, los Dinámicos del Centro y la presunta reunión con Patricia Benavides.
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Además de la investigación fiscal, la Comisión de Fiscalización ha iniciado las indagaciones sobre el caso y, para ello, citó al cirujano Mario Cabani a una sesión extraordinaria programada para el 10 de diciembre.
En dicha fecha, se consultará al médico acerca del procedimiento realizado, médicos que intervinieron, tratamiento pre y post operatorio y demás consultas que tienen por objetivo definir si la jefa de Estado omitió sus funciones.
Sin embargo, hay un aspecto que no puede ser consultado y es el referente a precio de la operación. De acuerdo con un informe realizado por el portal jurídico LP, el costo de la intervención no es de acceso público pues responde a temas de salud.
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Así lo confirmó el abogado especialista en datos personales y transparencia, Renato Sotelo Torres, consultado por el referido portal, quien indicó que la información relativa a la salud de las personas es confidencial. En específico, el costo de una intervención quirúrgica forma parte del secreto profesional del médico que realizó dicha labor, por lo que tampoco está obligado a revelarlo.
La única forma de solicitar el precio del procedimiento sería si se comprueba que dicho costo se vincula a "algún aspecto del desempeño del cargo, pues el interés público no ampara los actos de curiosidad o mero fisgoneo" o si fue pagada con dinero de origen ilícito o desconocido, indicó el especialista.
