Ejecutivo y Congreso buscan impunidad para policías y militares

El Pleno del Congreso aprobó la modificación del Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal, que señala que el fiscal está impedido de solicitar detención preliminar o prisión preventiva contra el personal de la Policía Nacional del Perú que haga uso reglamentario de sus armas y a consecuencia de ello provoque alguna lesión o muerte.

La iniciativa fue aprobada por 94 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones, y exonerada de segunda votación en la sesión plenaria de ayer destinada a debatir propuestas legislativas que contribuyan a la lucha contra la inseguridad ciudadana. La norma señala que se busca “garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección a los miembros de la Policía Nacional”.

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En otra parte del dictamen se plantea que los mayores de 80 años inmersos en la misma situación tampoco irán a prisión por razones humanitarias.

“Si un policía hace uso de su arma de manera reglamentaria, no hay razón para la prisión preventiva. Puede seguir su proceso en libertad si el hecho no está claro. Hay muchos casos en que se cometen abusos contra la Policía Nacional”, dijo el congresista Alejandro Muñante.

La modificación fue respaldada por las bancadas de Perú Libre —el congresista Américo Gonza fue uno de sus impulsores— y Fuerza Popular. “Muchos fiscales amparados en su autonomía quieren hacer libertinaje en este tema”, dijo Gonza.

Una parte muy cuestionada por congresistas opositores a la norma fue aquella que señala expresamente que “el fiscal se encuentra impedido de solicitar detención preliminar judicial contra el personal de la Policía Nacional...”.

La congresista Susel Paredes señaló al respecto que el Ministerio Público es un ente autónomo y esta norma le impide cumplir con su función al fiscal. “No podemos hacer que el órgano encargado de hacer cumplir estas medidas sea limitado, al extremo de estar ‘impedido’ de hacerlo. Respetemos al Ministerio Público”, expresó.

Por su parte, la congresista Ruth Luque manifestó que esta nueva norma intenta reajustar algo que ya está regulado en el Código Penal y se impide que la autoridad fiscal pueda investigar o solicitar explicaciones del mal uso de una función, lo que va a devenir en impunidad.

“En el caso de Rosalino Florez, el joven que fue acribillado por la espalda por un policía en el Cusco, el responsable no va a responder según esta norma. Eso es impunidad”, afirmó.

Otras medidas

En el pleno de ayer se aprobaron otras iniciativas sobre seguridad ciudadana. Una de ellas fue el dictamen de la Comisión de Defensa, que plantea la identificación, localización, geolocalización y rastreo de terminales móviles para la suspensión de la línea telefónica, el bloqueo del IMEI y la baja del servicio móvil en los casos de utilización para llamadas o mensajes de índole extorsiva o contenido delictivo.

Asimismo, se aprobó el dictamen que faculta a la PNP “requerir a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) el congelamiento administrativo inmediato de las cuentas del sistema financiero de titulares presuntamente vinculados al delito de extorsión”.

De igual manera se aprobó la obligatoriedad de identificación de las personas extranjeras en nuestro país. Aquellos que se encuentren en situación irregular serán expulsados, lo mismo que aquellos que cometan delitos que atenten contra el orden público y la seguridad ciudadana. 

Adrianzén: Se alista proyecto

El premier Gustavo Adrianzén confirmó que el Ejecutivo presentará el proyecto de ley de reforma constitucional para que policías y militares puedan ser juzgados solo por el fuero de sus instituciones.

“Estamos dándole los últimos toques porque se trata de una ley de reforma constitucional para que efectivos de la PNP y FFAA que en estado de emergencia hagan uso de sus armas de fuego de manera reglamentaria, previo informe de Inspectoría General, puedan ser únicamente juzgados por el fuero militar policial”, sostuvo.

Explicó que si Inspectoría comprueba que no hubo uso reglamentario, recién entonces pasará a la justicia ordinaria.