Consejo de Estado que lidera Dina Boluarte acuerda promover leyes arbitrarias y a favor de la impunidad

La presidenta Dina Boluarte se reunió en Consejo de Estado el día de hoy junto a sus ministros y aprobó varias normas que supuestamente estaban destinadas a la lucha contra la inseguridad ciudadana pero que terminan favoreciendo a la impunidad y criminalidad.

Entre las medidas aprobadas se dio la formulación de un marco legal que permitirá que la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones y que sean juzgados en el fuero militar-policial si llegan a a usar sus armas de fuego. Esta norma favorece a la impunidad de las fuerzas del orden ya que serían juez y parte.

Asimismo, le jefa de Estado dijo que se incrementarán las penas para los extranjeros que fueron expulsado e intenten ingresar nuevamente de manera irregular. A su vez, informó que se congelarán las cuentas de banco que son utilizadas para extorsión, medida tardía que ha sido criticada en redes sociales.

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Otra de las reformas propuestas es el control migratorio, ya que se aprobó la implementación de control en las fronteras y revisión de la normativa para migrantes refugiados y peruanos que se encuentren fuera del país.

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Dina Boluarte pide un país unido por el APEC pero no menciona el paro de transportistas

La mandataria sostuvo que es importante permanecer unidos a puertas del Foro de Cooperación Económica APEC 2024 que se realizará en nuestro país el 14, 15 y 16 de noviembre. Sin embargo, no mencionó nada acerca del paro de transportistas que realizará en nuestro país.

"Unidos todo lo podemos, desunidos todos perdemos, este es un pensamiento poderoso que encierra una gran verdad, si queremos salid adelante y vencer los problemas que nos aquejan debemos trabajar todos en conjunto con un mismo objetivo, el desarrollo de nuestro querido Perú", mencionó.

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Dina Boluarte: PJ ordena a Fiscalía concluir la investigación por la desactivación del Equipo Especial PNP

La Fiscalía deberá pronunciarse y decidir si presenta una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por la desactivación del Equipo Especial de Policías que prestaba apoyo a Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) o archiva el caso. Así lo ordenó el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley al declarar fundado el pedido de control de plazos presentado por la defensa de la mandataria.

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Por este caso, la Fiscalía atribuye a Boluarte y al exministro Walter Ortiz los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad. Esto por la resolución ministerial 0610-2024-IN, resolución con la que se desactivó al Equipo Especial de policías que lideraba el coronel PNP Harvey Colchado por una supuesta duplicidad de funciones con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). La desactivación se oficializó horas antes de que se ejecutara la detención preliminar de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la mandataria, respectivamente, por el denominado caso Los Waykis en la Sombra.

La Fiscalía abrió la investigación preliminar el 10 de mayo, un día después de que se publicó la referida resolución ministerial. De acuerdo con la resolución a la que accedió La República, el plazo de 60 días venció el pasado 9 de julio, siendo este el último día en el que la Fiscalía pudo haber ampliado el plazo. No obstante, la disposición que extiende el plazo por otros 60 días se emitió el 24 de julio. Es decir, fuera de tiempo.

"La ampliación o prórroga del plazo debe producirse antes que éste venza. Vencido el plazo no se podrá instar su prolongación, prórroga y ampliación; en el presente caso, la ampliación se dio posterior al vencimiento del plazo originalmente establecido por lo que el control de plazo debe ser declarado fundado", se lee en la resolución.