Manuel Rodríguez: “Hay elementos para activar la Carta Democrática por grave deterioro político”
El excanciller prevé dificultades para el país por perder en democracia.
El embajador y excanciller Manuel Rodríguez Cuadros considera que el informe del Departamento de Estado norteamericano sobre los derechos humanos en Perú suma argumentos para una aplicación de la Carta Democrática Interamericana, en la que la OEA interviene para restablecer la democracia donde esta es muy deficiente.
-¿Qué considera lo más importante del informe?
-Es muy delicado para la institucionalidad democrática en Perú: afirma que la situación de derechos humanos es crítica, reporta ejecuciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, restricciones a la libertad de prensa, violencia generalizada contra la mujer y grave corrupción gubernamental. Lo más importante es que se suma a pronunciamientos que califican al Perú como país en un constante y delicado deterioro de institucionalidad democrática.
-Sobre las muertes en las protestas, dice que el Estado tomó medidas, pero que le falta credibilidad. ¿Qué opina?
-Plantea una situación delicada en torno a la impunidad. Debemos reflexionar. Violaciones como las que reporta se dan donde la institucionalidad democrática está afectada y el Estado de derecho deteriorado. Es un poco el patrón de inserción del Perú en el mundo. En el índice de democracia en América Latina de The Economist, somos democracia híbrida, estamento previo a un Gobierno autoritario como el de Maduro.
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-¿Estamos al filo de ser como la Venezuela de Maduro?
-Al filo. Después del régimen híbrido, está uno autoritario, donde el Estado de derecho es una irrealidad. En régimen híbrido, confluyen elementos democráticos y autoritarios. Con las denuncias sobre la presidenta de la República y los últimos hechos sobre separación de poderes e independencia institucional, puede suscitarse un consenso para aplicar la Carta Democrática Interamericana.
-¿Ese sería el efecto?
-Es múltiple y transversal. Influirá en las relaciones de Estados Unidos con Perú. Además, con otros pronunciamientos, como los de Unión Europea, Naciones Unidas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos configura un patrón de país en deterioro de la separación de poderes, institucionalidad y funcionamiento de la democracia. Eso tendrá repercusiones no solo en relaciones político-diplomáticas, sino en actores económicos.
-Cae la inversión...
-Ya cayó en Perú. Para los inversores, el incentivo esencial es la estabilidad política, de preferencia, buen funcionamiento de la institucionalidad democrática, que permite confiar en el sistema de justicia, donde no se patea el tablero, y hay estabilidad social. Con una democracia híbrida, la cuantía de las inversiones se complicará según estos deterioros se pronuncien.
-Y afecta la política exterior
-El interés esencial del Perú es proyectar un país democrático donde el Estado de derecho funcione y la política siga estándares internacionales de representación y no corrupción. La realidad es lo contrario. Las relaciones bilaterales y multilaterales serán más difíciles en la consecución de objetivos.
-¿No falta la excarcelación de Fujimori como impunidad?
-El recojo de datos fue anterior. El desacato a la Corte Interamericana es factor adicional de pérdida de densidad jurídica en el ejercicio del Estado de derecho y el cumplimiento de obligaciones internacionales.
-Alerta sobre agresión a periodistas y menciona extremistas como ‘La Resistencia’.
-No sesga ideológica ni políticamente. Menciona ‘La Resistencia’ por objetividad. No va contra un grupo por ideas, sino que no puede usar violencia y actos prohibidos por ley. Es inaceptable en una democracia, por eso el Departamento de Estado lo registra. También advierte violencia y amenaza del Estado contra periodistas.
-En corrupción, menciona casos de Odebrecht, Pedro Castillo, la judicatura e infraestructura. ¿Se está caracterizando Perú por su gran corrupción?
-El informe, sin llegar a esa calificación exacta, denota esa preocupación. Lo más grave es que la corrupción se está articulando con la representación política, estructuras del Estado e instituciones básicas. Eso configura una situación en que la vida política puede contaminarse por fracciones de poder corrupto que llevan al país a una crisis estructural de difícil pronóstico.
-En las preocupaciones sobre violencia de género, aborto terapéutico y comunidad LGBTQ, choca con una agenda conservadora extrema que desde el Congreso influye en el Gobierno. ¿Qué le parece?
-Las preocupaciones por la violencia contra la mujer, sus derechos, la comunidad LGTBI y personas con discapacidad no son agenda política. El Gobierno de Estados Unidos no es de izquierda. Son derechos humanos, inherentes a la dignidad y recogidos en instrumentos internacionales, en la Constitución y que se han tornado en obligaciones. El Gobierno tiene la responsabilidad ejecutiva de sus políticas. No debería supeditarse a corrientes oscurantistas del Congreso. Lo que sucede es que no ejerce sus potestades de Gobierno. Eso también es grave.
-Alerta de que comunidades indígenas enfrentan acaparamiento de tierras, actividades ilegales y que falta protección para defensores ambientales, y el Congreso afecta la ley forestal y favorece a los ilegales...
-La agenda de la discriminación es del racismo también. Al estudiar, un peruano de población originaria tiene dificultades mayores, empezando por el idioma. Y hubo en los últimos años cerca de 13 muertes de defensores. Esta situación de indefensión ha sido reportada a nivel internacional. Una medida que el Congreso no hará, pero que daría confianza y garantías en el exterior sobre Perú sería la ratificación del Acuerdo de Escazú, mecanismo de protección de los defensores. Tenemos agendas de derechos humanos muy sensibles que, unidas a los problemas de constitucionalidad, afectación de la separación de poderes y reordenamiento de reglas electorales, configuran una situación en que ya hay corrientes de opinión para pedir la Carta Democrática.
-¿Hay suficientes elementos para pedir su activación?
-La carta, en su artículo 19, establece que se activa cuando hay alteración de la institucionalidad política, que no es un golpe de Estado, sino cuando las instituciones básicas de la democracia se desnaturalizan y pierden independencia por una voluntad política concertada, el sistema electoral se pervierte, la separación de poderes se diluye a favor de uno hegemónico, las leyes se manejan desde un punto de vista de fracciones políticas y no del bien común. Esa es precisamente la hipótesis para aplicar la Carta Democrática...
