Saweto: condenan a acusados de crímenes de líderes de comunidad ashéninka
Por unanimidad, el juzgado ordena 28 años y tres meses de prisión efectiva para los dos ejecutores directos del asesinato de los cuatro dirigentes de la comunidad ashéninka, así como a los empresarios madereros en calidad de autores mediatos por haber ordenado el homicidio.
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Luego de casi una década del asesinato de los cuatro líderes nativos de la comunidad ashéninka Alto Tamaya–Saweto, en la provincia ucayalina de Coronel Portillo, se hizo justicia. El Juzgado Penal Colegiado Conformado de la Corte Superior de Ucayali condenó a 28 años y tres meses, a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, y a los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, taladores que ejecutaron los crímenes en setiembre del 2014.
Por unaminidad, los hallaron culpables del homicidio calificado de los defensores ambientales ashéninkas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez y Leoncio Quintisima Meléndez, líderes de la lejana comunidad.
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Los magistrados Ana Bedoya Maque, Dilmer Meza Conislla y Celinda Pizan Ugarte señalaron a los dos empresarios como autores mediatos de homicidio calificado, y a los taladores como coautores del asesinato. En consecuencia les impusieron la pena de 28 años y tres meses de prisión, y el pago de 200 mil soles como reparación civil para los deudos.
Familiares de defensores ambientales protestaron para exigir justicia. Foto: Rosa Quincho / URPI-LR
El Ministerio Público había solicitado la máxima pena privativa de libertad, de 35 años de pena privativa de la libertad. Sin embargo, los jueces precisaron que conforme a un fallo del Tribunal Constitucional, como los acusados siguieron el juicio en libertad, corresponde suspender la ejecución de la pena hasta que ésta sea confirmada. Mientras tanto, les impusieron una seria de reglas de conducta, como registrar su firma en la corte cada mes, no variar su domicilio sin informar al juzgado, entre otras.
El Juzgado Penal Colegiado Conformado dejó suspenso la pena contra el talador Eurico Mapes Gómez, quien está en calidad de prófugo.
La lectura de sentencia se dio en una pequeña sala colmada de dirigentes indígenas, medios de prensa locales y de Lima, así como diferentes autoridades, entre ellos el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
Familiares de defensores ambientales protestaron para exigir justicia. Foto: Rosa Quincho / URPI-LR
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En primera fila estaban Julia Pérez Gonzáles, Hergilia Rengifo López, Lita Rojas Pinedo y Lina Ruiz Santillán, deudos de los líderes asesinados. Ellas esperaron este momento durante 10 años, 7 meses y 11 días. Saben que se trata de un fallo en primera instancia y que los sentenciados pueden apelar, pero sienten que han tocado la justicia con las manos.
“No sé qué decir, no son meses, son años, ya no quiero que avancen más años”, dice Julia Pérez, viuda de Edwin Chota, con la esperanza de que las siguientes instancias confirmen la sentencia en el menor tiempo posible. Mientras, afuera, cientos de personas que se solidarizaron con esta causa seguían la audiencia en una pantalla colocada frente a la sede de la Corte Superior de Justicia.
