Necesidad urgente de frenar los asesinatos de las y los defensores ambientales

El impulso de mecanismos de autoprotección para hacer frente al terrorismo y el avance de actividades ilegales le costó la vida al histórico líder asháninka Santiago Contoricón, según la Central Ashaninka del río Tambo - CART. El bloqueo de las vías de acceso en su natal Puerto Ocopa, en el distrito de Río Tambo- Satipo, fue una respuesta ante la inacción por parte del Estado para la protección de líderes y lideresas ambientales.

Dos semanas antes de este asesinato, dirigentes asháninkas presentaron su situación ante representantes del Ministerio de Cultura, la Presidencia del Consejo de Ministros e incluso la propia Presidenta de la República. Pese a ello y a la fecha, la única acción concreta que se conoce es que  la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín ha iniciado investigaciones. A mediados de febrero, el Poder Judicial sentenció el caso emblemático de Saweto donde asesinaron a 4 líderes indígenas, entre ellos a Edwin Chota, siendo quizá uno de los pocos casos que ha logrado una sentencia, pero con 8 años de juicio a cuestas. Algo que comparten este tipo de casos es el alto grado de impunidad.

Si bien desde hace 2 años contamos con un mecanismo intersectorial para atención de las y los defensores con la participación de ocho ministerios -y con los objetivos de prevención, protección y acceso a la justicia- todavía no hay un completo involucramiento multisectorial, ni es suficiente el plan de seguimiento de las medidas de atención brindadas. Hace falta mucha más voluntad política que se traduzca en fondos para la atención de esta emergencia nacional. Además, este instrumento debería poder articularse con los protocolos propios indígenas de defensa y autoprotección que se basan en su cosmovisión, espiritualidad y el conocimiento local sobre el territorio y los bosques, es decir, tender puentes entre lo que puede hacer el Estado y lo que realizan los pueblos indígenas para su protección.

Otro elemento clave es fortalecer la estrategia del Estado frente a las mafias de la economía ilegal. Según DEVIDA, entre los años 2020 y 2021, el distrito de río Tambo casi duplicó las hectáreas de cultivos ilegales, llegando a representar el 40% del área con este tipo de cultivos a nivel  país. Frente a esta situación, los pueblos indígenas apuestan por el control territorial que, en muchos casos, realizan junto a las autoridades en acciones de incautación. Es necesario formalizar estos procedimientos y articularlos al sistema nacional para que la información provista por los pueblos indígenas pueda activar acciones efectivas de prevención y control. Además, es importante fortalecer el rol de las autoridades locales y dotarlas de competencias para que sus alertas no acumulen archivos, sino que generen acciones concretas; así como a las prefecturas y los jueces de paz que recaban información de primera mano, pero que queda en el olvido. El Estado no puede indicar que no conoce de las amenazas a los y las defensoras pues estas llegan a diario en oficios y diferentes comunicaciones.

Por ello, ante la falta de confianza en la justicia, la defensa territorial entre los pueblos indígenas viene cambiando, sustentada en el derecho a la autonomía y a la libre determinación. Un primer elemento de esta estrategia es la incidencia para lograr seguridad territorial, otro elemento es el fortalecimiento de la gobernanza indígena o de los autogobiernos para gestionar sus territorios. Un tercer elemento son las acciones de control territorial y de autoprotección, y uno cuarto es poder declarar en emergencia la situación de las y los defensores a escala multinivel acompañada de alternativas económicas y se acceso a servicios.

Lo descrito nos recuerda que Perú tiene no sólo desafíos nacionales sino también regionales, como la ratificación del Acuerdo de Escazú que cuenta con disposiciones específicas sobre la protección de las y los defensores ambientales. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia frente a un caso de un defensor ambiental condenado por injurias en Chile. Esta sentencia es de suma importancia pues incorpora en sus consideraciones al Acuerdo de Escazú, al mencionar que el artículo 9 prevé la obligación de los Estados parte de garantizar “un entorno seguro y propicio” para que las y los defensores ambientales “puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. Asimismo, establece que los Estados deben tomar “las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover” todos sus derechos, incluidos los derechos a la vida, a la integridad personal, la libertad de opinión y expresión. De este modo, ratificar el Acuerdo de Escazú es indispensable para nuestro país al ser un tratado de derechos humanos, sobre todo porque ayudaría a elevar nuestros estándares de acceso a la justicia. Asimismo, en Perú hay algunas iniciativas legislativas que se van construyendo de parte de algunos pocos congresistas o desde la Defensoría del Pueblo, se espera que puedan impulsar a mejorar  los mecanismos institucionales y a fortalecer las iniciativas de los pueblos indígenas. La respuesta del Estado es lenta, pero hay que recordar que la vida, sin las y los defensores, quienes defienden de las amenazas y de la degradación a nuestros bosques, no será el futuro que queremos. El asesinato de los líderes y lideresas no debe quedar impune, por ello, se hace cada vez más urgente ratificar el compromiso del Estado por la protección y defensa de los derechos humanos.

Diego Saavedra Celestino y Aída Gamboa Balbín

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

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