Advierten que Congreso no puede imponer reformas a la OEA

La conformación de una Comisión de Alto Nivel para elaborar reformas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, ha generado polémica. Según la propuesta, si la Organización de Estados Americanos (OEA) no implementa las reformas en 180 días, el Estado peruano “deberá evaluar la denuncia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

Jo-Marie Burt, profesora en Universidad de George Mason y asesora principal en WOLA, sostuvo que la Comisión de Alto Nivel “representa la voluntad de sectores del Congreso para salirse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no les conviene tener una entidad que podría pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos”.

Consideró que este intento por desvincularse del Pacto de San José es “muy grave” porque “los Estados crearon el sistema para comprometerse a respetar los derechos humanos”. Asimismo, calificó de “absurdo” que se quiera dar un plazo de 180 días a la OEA para implementar reformas porque esto requiere de un proceso de consulta entre todos los Estados que toma tiempo.

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Comentó que Perú no goza de legitimidad “por la impunidad en los muertos durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, por los intentos de desarmar la democracia y el indulto ilegal de Alberto Fujimori”.

Es un despropósito    

Para Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), el trasfondo es el retiro del SIDH y “decir que van a dar lineamientos de la reforma es un engaña muchachos”.

Comentó que si el Estado peruano plantea una reforma, “eso depende de un acuerdo político de la Asamblea General de la OEA. Además, en cualquier asunto relacionado a política internacional, el Perú no tiene peso, no es Brasil o México”.

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Rivera advirtió que “quieren dar la impresión que el Congreso puede reformar el SIDH, lo que es un voluntarismo de la extrema derecha que no tiene ningún sustento, es querer poner su agenda interna en el ámbito internacional, lo que es un despropósito”.

Intromisión de funciones

Por su parte, la constitucionalista María Antonieta Gonzales, catedrática de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), manifestó que las reformas que se plantean deben ser desarrolladas en la OEA y la propuesta del Legislativo “es una intromisión a las funciones del Ejecutivo”.

“El derecho internacional funciona con el compromiso de los estados y el Perú se ha comprometido a cumplir con la CADH, que es parte de la OEA”, expuso.

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Manifestó que “el mensaje que se resalta, es que esta comisión lo que busca es el retiro de la corte. Y eso sería un serio problema para el Perú a nivel internacional y de derechos humanos. Más aún cuando quienes decidirían cuáles serían estas propuestas de reforma que irían a la OEA, tienen serios problemas de legitimidad ante la ciudadanía”.

La palabra

Jo-Marie Burt, asesora principal WOLA

“Ningún país puede imponer una serie de reformas a la OEA, en donde si hay una iniciativa de reforma, se discute, se evalúa y eso demora. No se puede pretender unilateralmente imponer reformas”.

El dato

Miembros. La Comisión de Alto Nivel para proponer reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos estará integrada por cinco miembros: el canciller, quien la preside; el presidente del Poder Judicial; el fiscal de la Nación; el defensor del Pueblo; y el ministro de Justicia.

En la red

Julissa Mantilla (@JulissaMantill6)

Además, cualquier persona con un conocimiento básico del SIDH sabe que el art. 78 de la Convención establece el procedimiento de denuncia, que esta NO es inmediata y que las obligaciones en DDHH permanecen luego de la denuncia de acuerdo a la OC 26 de la Corte.