Ética: 82% de informes finales no recomendaron suspensiones como sanción en el 2021-2023
A pesar de que para el periodo 2021-2026 se presentaron más de 150 denuncias ante la Comisión de Ética, solo 38 tuvieron informes finales. Casi la mitad de ellos no recomendaron sanción alguna; otras, un castigo leve como una amonestación pública.
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La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República retomó sus labores —en este 2024— para abordar un nuevo caso contra el fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu. El grupo parlamentario lleva dos años y medio de gestión, primero tuvo en su presidencia a la entonces acciopopulista Karol Paredes y ahora a Diego Bazán de Avanza País. Si bien cada uno inició sus labores prometiendo que no habría blindajes, el tiempo y las cifras se encargaron de mostrar que congresistas acusados de recortar sueldos y otros quedaron sin una sanción ejemplar.
En la práctica, se presentaron más de 150 denuncias ante la Comisión de Ética, pero —a la fecha— solo cuatro congresistas fueron suspendidos de sus labores por 120 días, la cual es la máxima sanción estipulada en el Reglamento del Congreso para un legislador por vulnerar el Código de Ética Parlamentario. Hubo recomendación contra otros tres, pero fueron salvados por el Pleno.
El 55% de los informes finales recomienda sanción, pero leves
De las denuncias presentadas, solo 38 de ellas fueron declaradas procedentes e ingresaron a la comisión para continuar con las investigaciones. La Secretaría Técnica de la Comisión de Ética elaboró los informes finales respectivos, de los cuales solo 21 (55%) de ellos consideraban una recomendación de sanción, pero la mayoría de ellas sugerían castigos leves.
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De acuerdo al artículo 14 del Reglamento del Congreso, según la gravedad de la falta, un parlamentario puede ser sancionado con una recomendación pública, amonestación escrita pública y amonestación escrita pública con multa. El máximo castigo contemplado es el de la suspensión por 120 días de legislatura con el respectivo descuento de sus haberes.
De los 21 informes de sanción, solo en siete casos se recomendó la suspensión de los congresistas, para el resto se consideraron castigos menores que ni siquiera tuvieron que llegar al Pleno. El Reglamento establece que deben obtener la mayoría simple en una votación en el hemiciclo para que se apruebe la suspensión de un congresista. Las sanciones menores no requieren pasar por esta etapa y se ejecutan tras la aprobación del informe final en Ética.
Al respecto, la secretaria de la Comisión de Ética, Ruth Luque, consideró —en diálogo con La República— que esto es muestra de que “no se quiere mandar un mensaje claro contra las conductas antiéticas en el Congreso”. Aunque advierte que esto forma parte de un problema integral, ya que las bancadas asumen una lógica de blindaje e incluso ven a la Comisión de Ética como una vía alternativa para que algunos casos se dilaten o no lleguen a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), donde las sanciones pueden ser mayores.
“Es lamentable que una instancia ética dentro el Congreso no sea capaz de sancionar a sus congresistas. He planteado que la Comisión de Ética no esté integrada por parlamentarios, pero no quieren ninguna reforma a ese nivel. Creen que es un espacio que debe ser controlado por los congresistas”, agregó.
Para ella, la Comisión de Ética debería estar conformada por un porcentaje minoritario de congresistas y debería buscarse una fórmula que ayude a completar este espacio de cara a mejorar la imagen del Parlamento. Una opción podría ser con exparlamentarios, advierte.
Solo cuatro congresistas suspendidos por 120 días
Desde julio del 2021 a la actualidad, el Congreso de la República solo aprobó la recomendación de suspensión por 120 días contra Freddy Díaz, Enrique Wong, Pasión Dávila y María Cordero Jon Tay. Diferente fue la suerte para los legisladores Jorge Flores Ancachi y Elvis Vergara, ambos vinculados al caso Los niños. A Luis Cordero Jon Tay se le blindó primero disponiendo —a través de una cuestión previa— que su caso retorne a Ética para un mejor análisis, tras volver al Pleno fue rechazada.
Aunque Freddy Díaz fue suspendido por beber licor dentro de las instalaciones del Congreso, el tema central era que estaba siendo acusado de violación sexual en agravio de una trabajadora parlamentaria. Enrique Wong fue sancionado por influenciar en el nombramiento de su asesor como presidente del directorio de ENAPU S. A., entidad adscrita al MTC. Y Pasión Dávila por golpear a su colega Juan Burgos durante una sesión del Pleno.
En tanto, María Cordero Jon Tay —separada de Fuerza Popular y sin apoyo— fue suspendida por 120 días por recortar el sueldo de sus trabajadores. Se convirtió en la primera congresista —del periodo 2021-2026— en ser sancionada por este tema. Diferente fue el caso de Heidy Juárez, Rosio Torres, Magaly Ruiz y Katy Ugarte, también acusadas de adueñarse de parte de las remuneraciones de sus trabajadores, ya que solo recibieron una amonestación escrita pública y multa de 30 días.
Para el analista político Roger Santa Cruz, “existe una correlación entre el escándalo y la sanción”. Mayor es la posibilidad de lograr una suspensión de 120 días en la Comisión de Ética para aquellos casos que se mediatizan y generan la indignación de la población tal y como ocurrió con Freddy Díaz Monago y María Cordero Jon Tay.
El especialista indica —al igual que Ruth Luque— que es urgente una reforma de cómo viene operando la Comisión de Ética, la cual llega a ser integrada por congresistas que son cuestionados o que tienen procesos de sanación abiertos. Aunque para ello se requiera que las voluntades entre las bancadas confluyan en el Parlamento: “La ley se aplica en base a la capacidad de negociación”, dijo a La República.
Finalmente, Héctor Valer es uno de los congresistas que mayor presencia —debido a las denuncias en su contra— tiene en los informes finales (003, 006, 031, 075 y el 114) de la Comisión de Ética, pese a ello solo fue sancionado con una recomendación pública por agravio contra Vivian Olivos. Otros casos relevantes fueron mandados al archivo, como las denuncias contra Alejandro Soto, presidente del Congreso.
Periodista por de la Universidad Nacional Federico Villarreal y con estudios en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, escribo sobre política en La República. Durante mi carrera he abordado temas sociales, políticos y culturales. También me desempeño en el campo de la escritura creativa.
