El espionaje a los periodistas: los vacíos de la carpeta fiscal 87-2023 revelan más que su contenido

La carpeta fiscal 87-2023, a la que hemos tenido acceso este viernes, 5 de enero demuestra que el caso Los Cuellos Blancos del Puerto fue utilizado para justificar actos de seguimiento y video vigilancia a periodistas del portal web Sudaca y el diario La República, que resultaban incómodos para el Ministerio Público.

La prueba es que esa carpeta no contiene nada relevante ni necesario ni de interés para la investigación a la mencionada red de corrupción judicial. Lo que se trataba era de vigilar a los periodistas y por eso fue declarada en secreto y por eso no se incluyeron los reportes de vigilancia que solo mostraban a periodistas y sus familias en sus actividades normales nada ilícitas.

La resolución N° 1 dictada por el fiscal Andy Rodríguez Domínguez es clara y contundente. En este documento se dispone el inicio de una investigación secreta por 120 días, con plazo al 5 de agosto, por presuntos actos de resiliencia de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Con ese objetivo, se disponen técnicas especiales de investigación: seguimiento, video vigilancia y observación electrónica domiciliaria a los que resulten responsables, que terminan siendo los abogados Percy León Alva y José Luis Castillo Alva y los periodistas Juan Carlos Tafur Rivera y César Romero Calle.

Es de advertir, que el contenido de la carpeta secreta fue utilizado e incorporado en las audiencias judiciales y el expediente 253-2022 contra Castillo Alva. Si, como dice Andy Rodríguez, el objetivo eran los abogados, cuál era la necesidad de otra carpeta secreta contra los mismos abogados y el mismo contenido.

La carpeta 87-2023 solo contiene datos que dan caparazón legal al seguimiento a los periodistas Juan Carlos Tafur y César Romero. Datos que –de acuerdo a otras fuentes-  iban a justificar posteriormente allanamientos a la sede de La República y Sudaca.

Un secreto dentro de otro secreto

Es verdad, en la carpeta no aparece reportes sobre seguimiento y vigilancia a los periodistas, pero tampoco hay nada más. La resolución N° 1 dispone que la policía entregue un reporte semanal de la vigilancia. El 8 de mayo el coronel PNP Harvey Colchado de la división de búsqueda de inteligencia la policía cumple ese mandato y entrega a la fiscalía un único reporte de la vigilancia sobre los abogados.

En los antecedentes policiales se precisa que actuan en cumplimiento de la resolución N° 01 y se cita que la fiscalía ha dispuesto “realícese acciones de seguimiento y video vigilancia en lugares públicos en contra de integrantes de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” (…) así como de personas vinculadas o que guarden conexión con dicha organización criminal”.

En ninguna parte del expediente aparece un documento que precise que esas acciones solo están dirigidas a dos abogados. Entonces, ¿cómo la policía pudo saber a cuál de los múltiples integrantes, personas vinculadas o con conexión, que se supone tiene dicha organización criminal debían vigilar? La carpeta 87-2023 no responde está interrogante.

La hora de la retirada

Lo que llama la atención es que solo dos días después de recibier ese único reporte policial, el fiscal Andy Rodríguez decide deshacerse de la carpeta secreta que tan diligentemente abrió el 5 de abril y que defiende hasta hoy. Para esto, el 10 de mayo, Rodríguez incluye otros supuestos indicios de la risilencía: dos notas periodísticas del 16 de abril de 2023, una publicada en Sudaca y la otra en La República, un registro telefónico e información sobre el fiscal superior Reggis Oliver Chávez Sánchez.

Nuevamente insiste en asegurar para si mismo y por si mismo que las notas del 16 de abril lo perjudican. Luego, a partir de búsqueda en internet realizada la tarde del 25 de abril por el fiscal adjunto Max Castro Huaman se afirma que el periodista César Romero sería el titular del número telefónico 994690274 que registra cuatro llamadas con Castillo Alva el año 2014. Dos llamadas el 31 de enero de 2014 y dos llamadas el 3 de marzo de 2014.

Dicha acta de hallazgo e incorporación de información que suscribe Castro Huamán dice que existe un cuaderno reservado de levantamiento del secreto de las comunicaciones. El acta no precisa a que investigado se le levantó el secreto de las comunicaciones, pero a partir de esa información se da por cierto que el número 994690274 le pertenece a César Romero y que ha tenido cuatro llamadas con el mencionado abogado el año 2014, nueve años antes.

Llama la atención que en la carta aclaratoria que el fiscal Andy Rodríguez ha remitido a los medios de comunicación, en las audiencias judiciales del expediente 253-2022 entre mayo y octubre de 2023 y en la resolución de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional se asegura lo mismo, pero respecto del número telefónico 949719664 –distinto al que aparece en la carpeta secreta-. ¿En qué carpeta se encuentra el acta o documento que certifique que el número 949719664 pertenecería a César Romero?  En la carpeta secreta 87 no hay nada de ese número. Un número que por cierto, no me pertenece.

Aquí se hace evidente, que Andy Rodríguez incluye la queja contra el fiscal superior Chávez Sánchez para tener una excusa con la que dejar el caso. En la disposición N° 1 de abril habían incluido una queja contra la fiscal adjunta Edith Holgado Vera que había mostrado interés en carpetas que no eran de su competencia. Pero en abril no considera que hay motivos para inhibirse, recién lo hace en mayo, dos días después del primer y único reporte policial anexado a la carpeta secreta.

Ciberdelincuencia

Andy Rodríguez se desprende de la carpeta secreta contra los periodistas y se la pasa a la fiscal del segundo despacho del equipo especial, la doctora Magaly Quiroz. De lo que sabemos, por otras fuentes, es que los policías habían puesto reparos en seguir a periodistas y le habían pedido a la fiscalía un sustento más amplio de la disposición N° 1.

El contenido de la carpeta 87-2023 tiene muchos vacíos. Un mes después de inhibirse y recibir el único reporte policial ingresado a la carpeta secreta, el 15 de julio de 2023, el fiscal Andy Rodríguez se va a las fiscalías de ciberdelincuencia de Lima. En su carta aclaratoria, Rodríguez señala que este cambio fue intempestivo y lo atribuye a un distanciamiento con la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Sin embargo, la resolución de la fiscalía de la Nación 1758-2023-MP-FN que dispone su traslado a las fiscalías de ciberdelincuencia cuenta otra historia. En esa resolución se indica que Juan Flores Cáceres, jefe de la unidad especialidad en ciberdelincuencia solicita la creación de un nuevo despacho, el quinto, en las fiscalías corporativas de ciberdelincuencia de Lima, y propone que en esa nueva plaza sea designado Andy Rodríguez.

El fiscal Andy Rodríguez ya había trabajado anteriormente en ciberdelincuencia. Fue traslado de Arequipa a Lima para trabajar en esas fiscalías, el 22 de julio de 2022. El 25 de noviembre de ese mismo año pasó al equipo especial. Lo usual, al terminar intempestivamente un encargo, es que al fiscal lo envíen de regreso a su plaza de origen. Rodríguez permanece en Lima en un despacho recién creado. Recién se dispone su regreso a Arequipa el 5 de enero último. Los hechos no muestran un distanciamiento con Benavides.

Ese muerto, no lo cargo yo 

Del periodo en que la carpeta secreta 87-2023 estuvo en el despacho de la fiscal Magaly Quiroz no hay nada, absolutamente nada. La carpeta no parece haber existido, la refundieron o la ocultaron, no se sabe con exactitud. En todo, caso las decisiones que se tomaron o los posibles reportes policiales entre mayo y septiembre podrían estar en otra carpeta, a la que no hemos tenido acceso.

Por ejemplo, de fuente no oficial, conocemos una disposición de acumulación y de derivación firmada por la fiscal Magaly Quiroz, el 28 de septiembre de 2023. Este documento no aparece en la carpeta 87-2023. Esto es un día antes, que la fiscal de la Nación Patricia Benavides diera por concluida su designación en el equipo especial. Ese 28 de septiembre Quiroz se acordó de la existencia de la carpeta 87-2023, pero también se inhibe de verla.

Es decir, entre el 10 de mayo al 28 de septiembre, esa carpeta permaneció en el aire. El plazo de investigación concluyó el 5 de agosto de 2023 y no fue renovado. El 21 de septiembre, el fiscal superior coordinador Jorge Díaz Cabello, que de acuerdo con nuestras fuentes estuvo muy interesado en el seguimiento de los periodistas, también se alejó del equipo especial por motivos personales. En su lugar, entró como coordinador Elmer Ríos Luque.

 “Se verifica que el caso que es objeto de derivación al presente despacho fiscal trata sobre hechos respecto de los cuales se evidencia “al menos de forma inicial en grado de sospecha simple, acciones por parte de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” en la búsqueda de información relevante de los casos tramitados en este despacho y a su vez, tendría como propósito desestabilizar el equipo especial (…) a través de ataques en diversos medios de comunicación”, dice Quiroz rn la disposición N° 4 en la carpeta secreta ST-1-2023.

Por lo cual, Quiroz resuelve avocarse a la carpeta secreta 87-2023, acumularla con la carpeta también secreta ST-1-2023, que se inició el 13 de septiembre de 2023 y en el mismo acto, día y hora, deriva todo al tercer despacho del equipo especial, a cargo del fiscal Cristhian Alfaro Cáceres. La carpeta llega al tercer despacho el 6 de octubre.

Los secretos se revelan

La carpeta secreta ST-1-2023 tiene como investigada a la exfiscal Rocío Sánchez por la mencionada resiliencia, que también se atribuye a los periodistas. Sánchez y la fiscal Sandra Castro fueron las que en una investigación en el Callao descubrieron la red de los Cuellos Blancos. Ahora, irónicamente, Sánchez es sospechosa de pretender reorganizar a “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El 13 de octubre, al revisar la carpeta derivada el fiscal Alfaro advierte cuatro cosas: 1), que la investigación secreta estaba con el plazo vencido desde el 5 de agosto del 2023; 2) no se evidenciaba ningún indicio de delito ni en los abogados ni en los periodistas, 3), que desde mayo no se había incorporado ninguna evidencia nueva y 4) hay el peligro de afectar la libertad de información.

Por lo cual, el fiscal Cristhian Alfaro desacumula las carpetas y levanta el secreto de la investigación permitiendo que todo se conozca. Más de un mes después, el 23 de noviembre, el mismo fiscal decide archivar todo. “Según los actos de investigación llevados a cabo, no se ha identificado a ninguna persona realizando algún delito o perpetrando algún plan criminal, no se ha recibido ninguna declaración testimonial que guarde relación con dicha investigación, no se ha recabado ningún documento en el que conste que en dicho periodo de tiempo se haya realizado alguna actividad irregular de algún periodista o comunicador social autor de los artículos o reportajes que se aprecian en la carpeta fiscal”, precisa la resolución de archivo.

La revisión de la carpeta 87-2023 revela que no hubo una justificación válida para incluir a dos periodistas en una investigación por organización criminal y disponer contra ellos técnicas especiales de seguimiento, video vigilancia y observación. Es claro que el objetivo fueron los periodistas y conocer sus fuentes de información, que luego el asunto se les cayó o retrocedieron es otra cosa.