Fiscalía pide prisión preventiva para policía por muerte de Rosalino Flórez

Han transcurrido once meses desde que Rosalino Flórez Valverde recibió una ráfaga de más de treinta perdigones de parte del personal policial y el Ministerio Público acaba de dar un paso que puede resultar decisivo en la investigación abierta por la muerte del joven cusqueño, quien participaba en las protestas sociales de enero contra el régimen de Dina Boluarte y el Congreso de la república.

La fiscal Mirela Coronel Molero, integrante del Equipo Especial para Casos de Víctimas durante las Protestas Sociales, emitió una disposición para formalizar la investigación preparatoria contra dos miembros de la Policía Nacional. Para uno de ellos solicitó prisión preventiva.

Dicho requerimiento fue formulado para el suboficial PNP Joe Erik Torres Lovón, sobre quien la Fiscalía postula que sería el responsable directo de la muerte del joven de 22 años.

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Rosalino Flórez Valverde recibió la ráfaga de perdigones el 11 de enero, en inmediaciones de la avenida 28 de Julio, en el distrito de Wanchaq (Cusco).

La gravedad de los hechos motivó el traslado del joven hacia Lima. Setenta y un días permaneció internado en el hospital Arzobispo Loayza, aferrándose a la vida, pero el 22 de marzo no resistió y falleció: tenía los intestinos y los pulmones seriamente afectados.

El agente causante de su muerte fueron los perdigones de plomo disparados con arma de fuego de tipo escopeta, según el informe de necropsia y el informe pericial balístico.

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Responsabilidades

El Ministerio Público, como producto de los actos de investigación y visualización de los videos del 11 de enero, ha concluido que el suboficial de segunda PNP Joe Erik Torres Lovón “disparó su escopeta de caza perdigonera en contra de Rosalino Flórez Valverde”.

Por este motivo, la Fiscalía le atribuye presunta responsabilidad por el “delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado (en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos)”.

La versión del suboficial PNP, sin embargo, es distinta, según el testimonio que ofreció ante el Ministerio Público, el pasado 6 de noviembre. Si bien reconoce que entre las fechas del 10 y 12 de enero disponía de una escopeta perdigonera, agrega que el “11 de enero de 2023 no hizo uso de su escopeta y que su acta de consumo fue del día 12 de enero”.

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Un oficio posterior remitido por un fiscal da cuenta que el 27 de noviembre el suboficial PNP no se presentó a una diligencia de toma de muestras de cotejo.

Junto con el suboficial Joe Erik Torres Lovón es investigado el coronel PNP Edson Hernán Cerrón Lazo, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la PNP en Cusco.

La Fiscalía le atribuye presunta responsabilidad “como autor por comisión por omisión del delito contra la vida”. Por este motivo, solicitó comparecencia con restricciones.

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Consultado sobre este punto, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), explicó que esta segunda persona, como mando policial, “según la Fiscalía, no prestó con el deber de cuidado para que la gente bajo su mando respetara los derechos humanos”.

El caso ha sido declarado complejo y hay más de treinta diligencias programadas.

Requerimiento fiscal

Solicitan prisión preventiva para el suboficial Joe Erik Torres y comparecencia con restricciones para el coronel Edson Cerrón.