Para magistrado del Tribunal Constitucional, excarcelación de Alberto Fujimori es un imposible jurídico
Controversia legal. Mientras el presidente del TC, Francisco Morales, declara ante la prensa que debe proceder la liberación del exdictador, desconociendo el contenido del auto, el voto singular del magistrado Manuel Monteagudo dice lo contrario.
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En medio de la crisis política y constitucional que atraviesa el país a raíz del caso de la fiscal de la Nación, que supone la compra de votos en el Congreso a cambio de impunidad, el Tribunal Constitucional decidió sumarse a la desestabilización.
A través de un auto de aclaración con fecha del 21 de noviembre, pero dado a conocer el lunes 28 de noviembre, los magistrados del TC decidieron crear una controversia constitucional respecto del proceso de ejecución de la sentencia del expresidente Alberto Fujimori.
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Este documento, que debía tener como principal propósito aclarar cómo se deberían ejecutar los términos de la sentencia, no ha logrado su propósito ni en el papel ni en la explicación posterior. Al contrario, han decidido abrir la puerta a la interpretación de la sentencia a partir del desconocimiento del ordenamiento jurídico nacional y el rol de las sentencias de organismos supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) e inclusive manifestándose incoherentemente a través de diversos medios locales.
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El presidente del TC, Francisco Morales, sostuvo en diversos canales que lo que ordena el auto es la liberación de Fujimori. “La respuesta es sí y le explico por qué: porque lo que hemos resuelto nosotros es una aclaración”, sostuvo Morales en RPP. Sin embargo, si se remite al texto mismo del auto, específicamente en la resolución, se lee textualmente que 4 de los 6 miembros del Pleno del TC declaran “improcedentes” los pedidos de aclaración solicitados por la defensa del exdictador.
Contrariamente a lo expuesto por la mayoría, en el voto singular del magistrado Manuel Monteagudo Valdez se discrepa “totalmente” de dicha conclusión.
Monteagudo sostiene que Pacheco Zerga, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse y Domínguez Haro eluden su responsabilidad como miembros del máximo órgano de interpretación legal del país, “pues han decidido ignorar las consecuencias jurídicas derivadas de expresos pronunciamientos de la Corte IDH”.
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Imposible jurídico
Según dicho magistrado, la mayoría del actual Pleno del TC “ha decidido eludir su responsabilidad de emitir un pronunciamiento claro y definitivo al respecto, en su condición de órgano de control de la Constitución” al trasladar su “trascendental función al “juez de ejecución del habeas corpus, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones”.
Asimismo, sostuvo en RPP que dicho auto de aclaración, “bajo ningún contexto, puede entenderse como una orden de excarcelación en favor del expresidente Alberto Fujimori, ya que esta situación configura un imposible jurídico”.
Finalmente, el magistrado Manuel Monteagudo Valdez fue enfático en resolver que “el TC debe acatar el fallo de la Corte IDH y resarcir la sentencia que validó el indulto otorgado previamente”.
TC pretende liberar a Fujimori
En primer lugar, vale la pena distinguir entre lo que es una sentencia y un auto de aclaración.
Por un lado, una sentencia es un fallo que resuelve una controversia que dio origen a un proceso. Por otro lado, un auto de aclaración es una resolución por la que se resuelve un pedido de algunas de las partes en conflicto con el fin de dilucidar algún extremo que sea dudoso.
El auto en cuestión concluye explícitamente que los magistrados, en mayoría, decidieron no pronunciarse ni aclarar nada, a excepción de Monteagudo y Ochoa.
La aclaración es fundamental debido a que la Corte IDH ordenó que el Estado debe abstenerse de implementar la sentencia del TC que ordenaba la liberación de Fujimori por ser ilegal.
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Autocontradice al TC
Magistrados Morales y Pacheco han declarado a la prensa que correspondería la liberación de Fujimori. Sin embargo, en el documento del auto prefirieron no emitir ninguna aclaración.“El TC debe acatar el fallo de la Corte IDH y resarcir la sentencia que validó el indulto otorgado previamente”.
