Ordenan investigar a juez de Corte Superior de Lima por usurpación de funciones
Fiscalía superior dispuso formalizar y abrir investigación preparatoria contra el magistrado Erik Guisado y dos exfuncionarios del Gobierno Regional de Lima.
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La Segunda Fiscalía Superior Penal de Huaura acogió el recurso del procurador anticorrupción de dicha provincia y dejó sin efecto la decisión en primera instancia de archivar la indagación preliminar contra el juez del 12° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, Erik Guizado Moscoso, acusado de negociación incompatible, nombramiento y aceptación ilegal de cargo público y usurpación de funciones.
Guizado está siendo investigado por presuntamente haberse coludido en el 2018 con el entonces gerente general del Gobierno Regional de Lima, Jorge Núñez Acevedo y otro exfuncionario para ser nombrado de forma irregular como procurador ad hoc de dicha entidad, durante la gestión de Nelson Chui, procesado por peculado entre otros delitos.
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El fiscal superior Marlon Calle determinó que el fiscal provincial que cerró el caso omitió varias acciones importantes para la investigación, como recabar la declaración del denunciante, recopilar documentos sobre la cuestionada designación, entre otras. Precisa, además, que ni Guizado ni Núñez dieron sus descargos, por lo cual ordenó que se reprograme una declaración indagatoria.
Por ello, concluye que el fiscal provincial ha contravenido el Código Procesal Penal que establece que las disposiciones y requerimientos deben estar motivados.
Asimismo, señala que hubo una dilación injustificada para elevar las actuaciones, pues la disposición de archivo se publica el 15 de enero del 2021, pero se informó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura.
Por estos motivos, el fiscal dispuso que se formalice y continúe con la investigación preparatoria a Guizado y sus coprocesados, así como que se reasigne el caso a otra fiscalía.
Guizado fue designado juez supernumerario en junio de 2021, cuando en apariencia se había cerrado su caso, pero la investigación seguía en curso.
La carpeta fiscal se abrió en el 2018 por la denuncia del ciudadano Nelson Cachay Rodríguez, quien lo acusó de coludirse con altos funcionarios del Gobierno Regional de Lima al no investigar las denuncias contra una presunta red de corrupción al interior de dicha institución.
