Designan a María Caruajulca Quispe como procuradora general del Estado en reemplazo de Daniel Soria
Nombramiento del relevo del exprocurador Daniel Soria se oficializó este viernes en una resolución suprema firmada por el presidente Pedro Castillo y el ministro de Justicia, Ángel Yldefonso.
La República en GoogleEste viernes, el Gobierno de Pedro Castillo nombró a María Aurora Caruajulca Quispe como la nueva procuradora general del Estado en reemplazo de Daniel Soria, quien presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para que se determine si su destitución se alineó a la normativa vigente.
El nombramiento se oficializó con la resolución suprema 042-2022-JUS, firmada por el presidente Pedro Castillo y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso. El dispositivo fue publicado en una edición extraordinaria de El Peruano.
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Foto: captura
La flamante titular de la Procuraduría se desempeñó como procuradora pública de las municipalidades distritales de San Martín de Porres y Comas, en Lima Metropolitana.
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El Gobierno de Castillo Terrones decidió designar a Caruajulca Quispe a pesar de que el próximo 5 de mayo la jueza Elizabeth Salas Fuentes, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, evaluará el recurso presentado por Soria Luján, cuyo cese tuvo lugar luego de que la Contraloría encontró que su nombramiento “se realizó sin que haya acreditado trayectoria en la defensa jurídica del Estado”.
Defensoría instó al Ejecutivo a no nombrar a un nuevo procurador
Luego de que sea admitida la referida acción, la Defensoría del Pueblo exhortó al Ejecutivo a “abstenerse de nombrar” un nuevo procurador general del Estado “hasta que se determine de forma definitiva la legalidad” del cese de Daniel Soria.
“Actuar de modo contrario, haría irreparable una arbitrariedad”, advirtió la entidad que lidera Walter Gutiérrez.
Según la Defensoría, la resolución suprema con la que se dio por concluida la designación de Soria Luján “transgredió abiertamente la ley de la Procuraduría, y con ello se vulneró también el principio constitucional de autonomía del sistema de justicia”.
“A nuestro juicio, corresponde al Poder Judicial determinar la ilegalidad del cese y corregir tal hecho dentro de un plazo razonable”, añadió la institución.
