Sigrid Bazán apoyará pedido para desactivar comisión que investiga supuesto fraude electoral
Cuestionada comisión del Congreso, impulsada por la oposición, gastó cerca de S/ 150.000 en cuatro meses de trabajo.
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La congresista de Juntos por el Perú (JPP), Sigrid Bazán, anunció que apoyará el pedido para que se desactive la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales de 2021, cuya creación fue impulsada por las fuerzas políticas que buscaban desconocer los resultados electorales y que hoy cuentan con representación parlamentaria. Lejos de dar frutos en beneficio para el país, este grupo empleó cerca de S/ 150.000 en cuatro meses de trabajo, solo en gastos administrativos y de personal.
“A pesar de que la Fiscalía ha archivado las denuncias del supuesto fraude, esta comisión sigue operando e intentando justificar las teorías más descabelladas. Como integrante de dicho espacio, estoy adhiriéndome al pedido de desactivación de una comisión que solo gasta recursos en vano”, escribió en su cuenta de Twitter.
Sigrid Bazán anuncia apoyo para desactivar la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales de 2021. Foto: captura de Twitter
Gasto de miles de soles en esta comisión
Entre octubre de 2021 y enero del 2022, la comisión investigadora del supuesto fraude en las Elecciones Generales 2021, grupo de trabajo que preside el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, le ha costado al Perú 148.478 soles. Su creación se apoyó en las múltiples denuncias de Fuerza Popular sobre supuestas firmas falsas en actas electorales, las cuales fueron archivadas por el Ministerio Público.
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La República accedió a un informe elaborado por el área administrativa del Congreso de la República que precisa que, hasta enero de 2022, se destinaron 144.194 soles únicamente para el pago de los sueldos de dos asesores II (Roque Augusto Bravo Basaldua y Andrés Eduardo Salas Jaén) y dos técnicos (Daniel Ernesto Rodríguez Sánchez y Federico Guillermo Muñiz Salmón).
El grupo de trabajo se conformó el 9 de setiembre del 2021. Para realizar las diligencias se solicitó un plazo de 120 días hábiles, que vencerá entre la primera y segunda semana de marzo. Desde diversas tiendas políticas se cuestionó su creación y más aún la insistencia para su permanencia a pesar del gran gasto económico que representa.
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