Ministerio Público solicitó impedimento de salida del país contra Ollanta Humala
Solicitud contra el expresidente fue planteada por el fiscal Germán Juárez Atoche, en el marco de la investigación por el caso Club de la Construcción.
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El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que dicte una medida de impedimento de salida del país contra el expresidente Ollanta Humala Tasso. Además de medidas de comparecencia con restricciones contra el líder del Partido Nacionalista, en el marco de las indagaciones que se le siguen al haber sido incluido en la investigación preparatoria por el caso Club de la Construcción.
“Requiérase al órgano jurisdiccional las medidas de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra el investigado Ollanta Moisés Humala Tasso”, se puede leer en el documento enviado por Juárez Atoche, en el que también se solicita “el levantamiento del secreto bancario del investigado”.
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El último viernes, el exjefe de Estado fue incluido en la investigación preparatoria que dirige el fiscal Germán Juárez Atoche por el caso Club de la Construcción. Será el primer caso en el que un exmandatario será procesado por presuntos delitos de corrupción. Se conoció que estaría a puertas de ser juzgado por los delitos de lavado de activos en el caso de aportes ilícitos de Venezuela y de Odebrecht en sus campañas presidenciales del 2006 y 2011.
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Ollanta Humala involucrado en caso del Club de la Construcción
El fiscal del caso decidió ampliar el caso Humala a raíz de las declaraciones de colaboradores eficaces de la empresa Graña y Montero que afirmaron que el ex jefe del Estado tenía conocimiento de la trama de sobornos a cambio de obras para determinadas empresas y que se benefició de los pagos realizados a los promotores del ‘Club’.
Según la tesis fiscal, los ilícitos que se le imputan a Humala Tasso se produjeron entre el 2011 y 2014, en los que al menos 18 empresas concertaron con funcionarios de Provías y el MTC para repartirse diversas obras de construcción en el país a través de distintas licitaciones y concursos. A cambio de ello, se entregaba como coima el 3% del costo total de la obra de interés a los enlaces y facilitadores de este pacto ilegal en perjuicio del Estado.
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