Congreso no aprueba propuesta de levantamiento del secreto bancario a funcionarios
La reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción tuvo 83 votos a favor, 26 en contra y 5 abstenciones
- Mayor demanda de gasohol y diésel congestiona plantas: cisternas tardan el triple en abastecer grifos
- Humberto Abanto justifica situación de Vladimir Cerrón como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

El Congreso no aprobó este viernes 21 de enero por segunda votación la reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción para que que la Contraloría General de la República pueda solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, aprobada en primera votación el 31 de mayo de 2021.
La propuesta recibió 86 votos a favor, 26 en contra y 3 abstenciones. Al no alcanzar los dos tercios de votos del número legal de congresistas para su aprobación, la Mesa Directiva que encabeza María del Carmen Alva evaluará el procedimiento a seguir.
TE RECOMENDAMOS
CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Esta nueva votación responde a que, en noviembre del 2021, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la cuarta legislatura forzada por el anterior Parlamento por aprobar reformas constitucionales en forma exprés.
De esta manera se observó la ley de reforma 31305, a fin de que el contralor, Nelson Shack, pueda solicitar el levantamiento de secreto bancario y la reserva tributaria; sin embargo, el titular de la Contraloría envió un oficio a la congresista Patricia Juárez, pidiendo agendar la reforma pendiente.
Contraloría sustenta proyecto
La Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento sobre las múltiples denuncias que recibe en casos de corrupción conllevando a perjuicios económicos en agravio al Estado como por ejemplo transferencias ilícitas, servicios fantasmas que afectan la administración de los recursos públicos.
En ese sentido, se tiene que emplear nuevas herramientas de fiscalización con el propósito de detectar a los funcionarios que realizan malos manejos de los recursos del Estado.




















