Congreso no aprueba propuesta de levantamiento del secreto bancario a funcionarios
La reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción tuvo 83 votos a favor, 26 en contra y 5 abstenciones
- Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días
- Tercera jornada del debate enfrentará a Fujimori y Vizcarra: sus planes anticorrupción incluyen pocas medidas concretas
El Congreso no aprobó este viernes 21 de enero por segunda votación la reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción para que que la Contraloría General de la República pueda solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, aprobada en primera votación el 31 de mayo de 2021.
La propuesta recibió 86 votos a favor, 26 en contra y 3 abstenciones. Al no alcanzar los dos tercios de votos del número legal de congresistas para su aprobación, la Mesa Directiva que encabeza María del Carmen Alva evaluará el procedimiento a seguir.
TE RECOMENDAMOS
CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Esta nueva votación responde a que, en noviembre del 2021, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la cuarta legislatura forzada por el anterior Parlamento por aprobar reformas constitucionales en forma exprés.
De esta manera se observó la ley de reforma 31305, a fin de que el contralor, Nelson Shack, pueda solicitar el levantamiento de secreto bancario y la reserva tributaria; sin embargo, el titular de la Contraloría envió un oficio a la congresista Patricia Juárez, pidiendo agendar la reforma pendiente.
Contraloría sustenta proyecto
La Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento sobre las múltiples denuncias que recibe en casos de corrupción conllevando a perjuicios económicos en agravio al Estado como por ejemplo transferencias ilícitas, servicios fantasmas que afectan la administración de los recursos públicos.
En ese sentido, se tiene que emplear nuevas herramientas de fiscalización con el propósito de detectar a los funcionarios que realizan malos manejos de los recursos del Estado.
