América Latina: alarmante retroceso de libertades básicas

Nueva York. Humans Right Watch

América Latina, y específicamente el Perú, está enfrentando algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos en décadas, señaló Human Rights Watch al presentar su Informe Mundial 2022.

“El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de HRW. “Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador”.

En el Informe Mundial 2022 de 752 páginas, su 32º edición, Human Rights Watch analiza las condiciones de derechos humanos en casi 100 países. El director ejecutivo, Kenneth Roth, desafía la noción convencional de que la autocracia está en auge en todo el mundo.

A los abusos sistemáticos contra críticos y artistas en Cuba se sumaron las elecciones de noviembre en Nicaragua, que se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas. El Gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales, y mantuvo a muchos de ellos incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses. Estas detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen encarceladas arbitrariamente.

También en noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la gestión de Nicolás Maduro. Mientras que en Brasil el presidente Jair Bolsonaro intentó intimidar al Tribunal Supremo por medio de insultos y amenazas e hizo alegaciones infundadas de fraude electoral.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, así como sus esfuerzos por eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura reemplazaron sumariamente a los magistrados de la Corte Suprema con quienes diferían y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces.

También en el Perú

Por su parte, en Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos han amenazado el sistema democrático de pesos y contrapesos.

Colombia —al igual que Chile, Ecuador y Perú, donde las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos contra manifestantes en los últimos años— aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial, ni un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos.

“Muchos periodistas, defensores de derechos humanos y jueces valientes en la región han desempeñado un papel extraordinario al exponer abusos y actuar como frenos al poder ejecutivo”, expresó Taraciuk Broner.

“Es fundamental que se sigan apoyando los esfuerzos cruciales que realizan estas personas para proteger el Estado de derecho, las libertades fundamentales y las instituciones democráticas en un período de graves riesgos para la región”, agregó.

El Covid-19 y las medidas impuestas para prevenir su propagación han tenido un impacto devastador en la pobreza y la desigualdad, con graves efectos para los derechos sociales y económicos.

Perú: masacres y amenazas a la prensa libre

Las amenazas a la libertad de expresión persisten en Perú, y algunos periodistas enfrentan procesos judiciales a causa de su trabajo bajo las normas de difamación existentes en el país, sentenció el informe de HRW.

Un grupo que surgió de Sendero Luminoso conocido como el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) continúa operando en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en alianza con cárteles de narcotráfico. El 23 de mayo, el Estado Mayor Conjunto de Perú informó que el MPCP había perpetrado una masacre en San Miguel del Ene, en la cual murieron 16 civiles, incluidos cuatro niños.

En mayo, algunos informes reflejaron que la productora del popular programa de noticias ‘Cuarto poder’, que se emite los domingos, había sido despedida por haberse rehusado a tomar partido durante la cobertura de las elecciones.

Se contabilizaron 131 feminicidios en el Perú.