César Villanueva: Fiscalía pide arresto domiciliario contra excongresista
El ex primer ministro César Villanueva está acusado por intentar obstaculizar en 2019 la investigación por el caso Odebrecht que dirige en su contra el equipo especial Lava Jato.
La Segunda Fiscalía Suprema Penal Transitoria ha requerido esta mañana que se varíen las restricciones de César Villanueva por la medida de arresto domiciliario por 18 meses en la investigación donde está acusado por obstaculizar en 2019 el caso Odebrecht en su contra.
Según sostuvo la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas, Villanueva ha mostrado desde hace más de dos años una conducta obstruccionista, pues no ha cumplido hasta el momento con pagar los S/100.000 de caución que debe al Estado desde diciembre de 2019 y no ha demostrado suficientemente tener arraigo laboral ni familiar que puedan garantizar su estancia en el Perú.
“Era evidente su capacidad económica y, pese a ello, de manera injustificada, se ha venido rehusando a cumplir el pago de la caución (...) se ha negado a cumplir el mandato judicial”, añadió la fiscal, pues en sucesivas oportunidades Villanueva ha dilatado este desembolso, tal como ha reportado previamente este diario.
Por otra parte, el arresto domiciliario que cumplía por el caso Odebrecht venció a mediados de este año y solo cumple limitaciones como impedimento de salida del país, incomunicación con testigos, peritos o coinvestigados, no ausentarse de su lugar de domicilio, entre otras actividades.
La fiscal adjunta puntualizó además que “susbsiste el peligro de fuga [en César Villanueva] porque dice que tiene asuntos por verificar en la región San Martín. Puede permanecer oculto allí ya que es originario de dicho departamento. Ya no cuenta con arresto domiciliario y el peligro es evidente”.
Durante la sesión se indicó también que el expresidente del Consejo de Ministros “no convive con su esposa, sus 4 hijos son mayores de edad (una de ellas en el extranjero), todos económicamente independientes” por lo que no tiene arraigo familiar que lo sujete al país ni actividad laboral conocida.
Por este caso de injerencia y tráfico de influencias la Fiscalía también pidió 18 meses de impedimento de salida del país contra el exfiscal Alberto Rossel Alvarado, quien habría apoyado a Villanueva para obstaculizar el caso Odebrecht.
El juez supremo Hugo Núñez Julca será el encargado de decidir en los próximos días si se dicta o no el arresto domiciliario contra Villanueva así como la prohibición de salir al extranjero contra Rossel Alvarado.
Acusados
César Villanueva Arévalo fue acusado en abril de este año a 4 años y 8 meses de prisión por haber intentado dilatar las pesquisas que inició en 2019 el equipo especial Lava Jato en el caso Odebrecht.
Según la Fiscalía, el excongresista de Alianza para el Progreso cometió los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal, pues a través del fiscal superior Alberto Rossel Alvarado buscó perturbar la investigación que dirigía el fiscal Germán Juárez Atoche.
A cambio de ello, Villanueva Arévalo contrató como defensa legal al hijo de Rossel Alvarado, Alberto Rossel Obando, a pesar de que no contaba con la experiencia necesaria, por el que le daba un pago mensual de 1.000 dólares, además de “otros beneficios futuros” sustentados en el poder que tuvo por haber ocupado altos cargos.
En este caso, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria acusó en abril de este año a Villanueva y otros exfuncionarios:
a) César Villanueva Arévalo: 4 años y ocho meses de cárcel, por instigador de tráfico de Influencias y de patrocinio ilegal.
b) Alberto Orlando Rossel Alvarado: 8 años de prisión, por autor de tráfico de influencias y de patrocinio ilegal.
c) José María Santisteban Zurita: 6 años y cuatro meses de cárcel, por cómplice de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
d) Ronald Nicolás Chafloque Chavez: 4 años de prisión, por cómplice de tráfico de influencias.
e) Alberto Orlando Rossel Obando: 1 año y cuatro meses de cárcel, por cómplice de patrocinio Ilegal.
En el caso Odebrecht, por su parte, Villanueva es investigado por recibir pagos de 320.000 dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla con la adjudicación de la carretera San José de Sisa, cuando era gobernador regional de San Martín, desde el 2007 al 2013.
