Generales EP interponen acción de amparo para suspender los ascensos

El juez titular del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, Jonathan Valencia López, admitió a trámite las acciones de amparo que interpusieron los generales de brigada EP Julio Domínguez Pasco y Marco Campos Gerónimo, contra los ascensos al grado de división que decretó el gobierno de Pedro Castillo el 23 de octubre de este año.

Dos días después de la publicación de los nombres y apellidos de los oficiales que obtuvieron el grado de general de división, el 25 de octubre el general Julio Domínguez dirigió una carta al jefe de Estado en la que le informaba de una serie de irregularidades atribuidas a la Junta de Evaluación del Ejército (JUSE), que concedió el ascenso a divisionarios a los generales de brigada Ángel Pajuelo Jibaja y Rubén Chucos Torres: el primero se desempeñaba como secretario del ex comandante general José Vizcarra Álvarez, e integró la Junta de Selección de Ascenso de Oficiales Generales; y el segundo afronta una investigación interna por irregularidades en el ejercicio del cargo.

Sin embargo, los generales Domínguez y Campos no fueron recibidos por el mandatario Castillo, entendiéndose que no habría modificación de lo resuelto por el presidente, por lo que decidieron interponer una acción de amparo ante el Poder Judicial.

Domínguez y Campos requieren la suspensión del decreto que dispone el ascenso de los generales Pajuelo y Chucos a partir del primero de enero de 2022, y que consecuentemente implica el pase al retiro de ambos oficiales demandantes el 31 de diciembre de este año.

Sustentos legales

“De forma inmotivada, arbitraria, selectiva y discriminatoria, la Junta de Selección Calificadora conformada por todos los Generales de División del Ejército (otorgaron el ascenso) a los candidatos apadrinados, como son los candidatos números 3 (Pajuelo) y 4 (Chucos) del orden meritocrático, muy por debajo de los candidatos números 1 (Campos) y 2 (Domínguez), que a todas luces técnica como legalmente no les correspondía”, sustentan en la acción de amparo los generales Domínguez y Campos.

“Los dos postulantes (Pajuelo y Chucos) alcanzaron vacante al grado de General de División EP sin ninguna explicación, motivación ni menos probanza”, señalan los demandantes, por lo que consideran que existió favoritismo en el proceso de evaluación.

Por lo tanto, consideran que los 13 generales de división que participaron en el proceso de selección actuaron en beneficio de los generales de Pajuelo y Chucos, violentando las normas que determinan factores meritocráticos para otorgar el ascenso.

De acuerdo con el decreto del 23 de octubre, ascendieron a divisionarios los generales de brigada de la promoción de 1988 Ángel Pajuelo y Rubén Chucos, y de la promoción 1989 los generales de brigada Julio Castañeda Zegarra y Johnny León Rabanal. La acción de amparo está relacionado al proceso de ascensos en el caso de la promoción 1988, a la que pertenecen los demandantes, los generales Domínguez y Campos.

El abogado de los generales Domínguez y Campos, Jesús Barboza Cruz, también presentó una cautelar contra el ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, y el comandante general del Ejército, Walter Córdova Alemán, para que proceda a la suspensión inmediata de los ascensos y pases al retiro y se vuelva a efectuar un nuevo proceso en el que se evalúe y califique conforme a las normas a los demandantes.

“El proceso de ascenso en el Ejército será declarado nulo y por esa razón el juez está advirtiendo que existen vicios procesales de fondo y forma, consecuentemente las resoluciones supremas (que aprueban los ascensos) quedarán sin efecto por mandato judicial. El presidente Castillo tendrá que acatar como manda la ley”, indicó el abogado Jesús Barboza.

“No es posible que los generales de brigada Julio Domínguez y Marcos Campos, que ocupaban los primeros puestos de su promoción y debieron ascender a generales de división, terminen por debajo de otros generales que no le correspondía. Prácticamente violaron la ley de ascensos en las Fuerzas Armadas”, indicó.

Fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por las demandas interpuestas por los generales Domínguez y Campos señalaron que ya recibieron las respectivas notificaciones y que cuentan con un plazo de 10 días hábiles para presentar las respuestas, que estarán a cargo del Procurador Público del Mindef.