Nuevas maniobras que apuntan a regular la cuestión de confianza

El martes 17 de noviembre, la Mesa Directiva del Congreso promulgó la resolución legislativa 004-2021-2022. Esta modifica el artículo 86 del reglamento congresal para incrementar la regulación sobre la cuestión de confianza.

El documento señala lo siguiente: “El Pleno del Congreso, mediante resolución legislativa, y previa opinión de la Comisión de Constitución y Reglamento, puede declarar improcedente una cuestión de confianza que vulnere lo dispuesto en el presente artículo”.

Es decir, en caso la primera ministra Mirtha Vásquez formule un pedido de confianza, esta solicitud, en primera instancia, deberá revisarse en la Comisión de Constitución, presidida por Patricia Juárez, de Fuerza Popular.

Ergo, dependerá de esta comisión y luego del Pleno, si la solicitud es procedente. De rechazarse su admisibilidad, dice la resolución, no significa que el Congreso le haya negado la confianza al gabinete, sino que, simplemente, no la está poniendo a trámite.

Pedro Grandez, abogado constitucionalista, alerta de que esta resolución está creando una instancia de calificación o de evaluación procedimental de la cuestión de confianza. “Será el Congreso el que pueda decirle al Ejecutivo si su cuestión de confianza tiene admisibilidad”, advirtió.

Para Omar Cairo, abogado constitucionalista, esto es inconstitucional. “Contradice frontalmente la interpretación vinculante hecha por el Tribunal Constitucional sobre la Constitución acerca de la cuestión de confianza”, puntualiza.

En 2018, cuando el Parlamento era presidido por Luis Galarreta, el fujimorismo y sus aliados pretendieron regular el voto de confianza cambiando el reglamento parlamentario. Al final, el TC declaró inviable esta medida, porque de esa manera no se puede limitar una atribución exclusiva del Ejecutivo.

A eso se suma que Patricia Juárez ha presentado un nuevo proyecto de ley para modificar el artículo 130 de la Carta Magna. Su propuesta apunta a que cuando un gabinete asume funciones, el primer ministro solo presente su plan de trabajo en el pleno y que esta exposición no esté sujeta a voto de confianza.

Llama la atención que Juárez impulse una reforma constitucional para modificar el voto de confianza, cuando desde la Comisión de Constitución avaló regular la aplicación de esta prerrogativa del Ejecutivo con una ley ordinaria.

Dicha norma, como sabemos, afronta una demanda de inconstitucionalidad en el TC. Con las contradicciones del Congreso, dice Cairo, la balanza puede inclinarse a favor del Ejecutivo. “Cualquier cambio en los temas de cuestión de confianza debe hacerse por reforma constitucional”, recalcó.

La próxima semana, la congresista de FP propondrá crear un grupo de trabajo, integrado por legisladores y juristas, para discutir qué reformas políticas y cambios en materia económica son viables en la Constitución. Esta idea pudo ser planteada antes.

La resolución cuestionada

Las cuestiones de confianza del Ejecutivo estarán sometidas a la venia de la Comisión de Constitución y del Pleno.