Señalan que Alejandro Aguinaga miente en esterilizaciones forzadas
Versión. La llama ‘anticoncepción quirúrgica voluntaria’. Víctimas esperan que juez acepte indicios e inicie proceso penal.
Frente a los cuestionamientos que ha recibido por presidir la Comisión de Fiscalización estando investigado, como exministro de Salud, por los casos de esterilización forzada en el Gobierno de Alberto Fujimori, el congresista Alejandro Aguinaga (FP) negó que se haya dado esta práctica y afirmó que lo que se aplicó fueron métodos modernos de anticoncepción, como la anticoncepción quirúrgica voluntaria.
“En el Perú no ha habido esterilización forzada. En el Perú se dieron todos los métodos anticonceptivos modernos, incluida la anticoncepción quirúrgica voluntaria. Hubo cinco millones 900 mil parejas protegidas en ese periodo, de las cuales solo el 4% fue anticoncepción quirúrgica voluntaria”, sostuvo en el programa ‘Ampliación de noticias’ de RPP.
Respecto a la investigación fiscal que se les sigue en la actualidad a él y a otros dos exministros de Salud, Aguinaga dijo que las indagaciones por este caso han sido archivadas en ocho oportunidades, por lo que consideró su caso como inusual.
Desde el año 2002
Al respecto, el abogado de las víctimas de esterilización forzada en el proceso judicial respectivo, Milton Campos, señaló que Aguinaga no dice la verdad y es la misma versión que da desde hace mucho tiempo.
“Si fuese así, los fiscales no estarían investigando. Existe una investigación a punto de convertirse en proceso penal que involucra a más de 1.300 personas que afirman haber sido esterilizadas de manera forzada. También hay dos investigaciones en construcción con similar cantidad de víctimas. Está el acuerdo de solución amistosa del año 2003 en el nivel interamericano, donde el Estado peruano admitió responsabilidad en el caso de Mamérita Mestanza”, refirió.
Además, agregó el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, a cargo del Ministerio de Justicia, con más de 7.000 personas inscritas.
Milton Campos señaló que aceptar la postura de Aguinaga es ponerse de espaldas a miles de personas que están consideradas como agraviadas en las investigaciones.
“Es un argumento de defensa que el señor Aguinaga viene sustentando desde el año 2002 cuando se le implica en estos casos”, manifestó el abogado.
La clave
Expediente 59-2019. El juez Rafael Martínez decidirá si pasa a proceso penal, tras evaluar los indicios que ha entregado la Fiscalía. Un segundo caso, el de Celia Ramos, está a punto de llegar a la Corte IDH. Ella murió a los 33 años luego de ser esterilizada en un puesto de salud en Piura.
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