Los Hijos del Cóndor: “Probablemente hay otros delitos pero no el de organización criminal”

El gobernador de Arequipa Elmer Cáceres Llica, sostiene su abogado Aldo Ramos Palomino, está arrepentido. Compungido de haberles seguido el juego a los consejeros que le pedían cupos de trabajo y control de obras para captar sobornos. Lo correcto hubiese sido denunciar esos hechos, afirma Ramos. No descarta que su patrocinado y otros funcionarios regionales hayan cometido otros delitos, pero estos no califican como organización criminal. Son hechos aislados. Que se investiguen pero en libertad, dice.También cuestiona la actuación del Ministerio Público que pidió para Cáceres 35 meses de prisión preventiva. Dice que sus elementos de convicción son débiles, sustentados en dichos, audios sin aceptación judicial sin peritajes ni aceptación de las partes.

Para dictar prisión preventiva uno de los elementos de convicción es el peligro de fuga. Según la Policía el señor Cáceres Llica iba a fugarse. Por eso se adelantó el operativo.

El gobernador tiene arraigo familiar, domiciliario y laboral. Cuando lo detienen, él no muestra resistencia. La detención ocurre en casa de un familiar de su esposa, luego ella da las facilidades para que allanen su vivienda en Cerro Colorado. Lo mismo ocurre en casa de los padres del gobernador en Caylloma. No encontraron nada que lo incriminen. Es falso que se hayan encontrado maletas. No está en las actas policiales.

Hay un testimonio de la agente especial Samantha Miranda que los consejeros afines recibieron S/ 10.000 y una botella whisky como premio a su lealtad.

Esas entregas parten de los dichos de la agente especial. Ella no dice que el gobernador le ha entregado, sino terceras personas.

El gobernador estuvo en la cevichería.

Eso dice el dicho de la agente (...) A los investigados se les aplicó videovigilancia, los siguieron, tomaron fotos de sus actividades. El Ministerio Público no acredita fotos de la autoridad regional en ese lugar público. Tampoco hay audio que corrobore la entrega de dinero.

El Ministerio Público tiene los billetes y la botella de whisky de esa reunión.

No sabemos si eso es fruto de esa reunión. Por otro lado, la agente especial entregó el dinero y el whisky después de 30 días al Ministerio Público. La ley indica que un elemento delictivo se entrega de manera inmediata. Ahora sí ocurrió el hecho, debe investigarse bajo el delito de cohecho, no dentro de un contexto de organización criminal. No justifica la prisión preventiva.

Hay otro audio del gobernador con la consejera Crhiss Díaz. Ahí el gobernador le da pautas de cómo debe cobrar sobornos a las contructoras.

Si seguimos el dicho de esa conversación debería haber una obra cuestionada o evidencias que la consejera hubiese insertado a su personal para trabajar en forma ilícita. ¿El Ministerio Público acreditó eso? Mi patrocinado me dice: “hice una serie de promesas vacías, no me dejaban gobernar”. Le traían peticiones de diferente tipo, no solo de sus provincias sino para recomendar a familiares y amigos. Pero son escasas las reuniones con él en dos años. ¿Así se le podría calificar como líder de una organización criminal? Lo que debe demostrarnos la fiscalía es qué empresas ganaron licitaciones y si se materializaron esos favorecimientos. No queremos blindar a nadie, queremos investigación.

Políticamente eso sí se materializó. El gobernador entró con cuatro consejeros y después lo apoyaron siete en el consejo regional.

Eso es fruto de negociaciones políticas. El Ministerio Público no acredita en qué momento se formó la organización criminal.

No agrava la situación del gobernador la liberación de varios procesados, Augusto Palaco y Javier Rospigliosi quienes se habrían acogido a la colaboración eficaz.

Si alguien se acoge a este proceso reconocerá haber cometido el delito y promete entregar pruebas que acrediten ello. Ninguno de esos funcionarios aceptará que era parte de una organización criminal.

¿No descarta que se hayan cometido otros delitos pero no organización criminal?

Probablemente, los delitos podrían ser individuales de los funcionarios y el Ministerio Público los engarza dentro de una estructura criminal. Se aprecian hechos aislados. Naturalmente deben investigarse, no podemos negar esa posibilidad. Si el Ministerio Público asegura que hubo ingreso de personal o pedido de dinero a constructoras se trata de un tema de colusión.

Pero había una actuación concesiva del consejo regional al gobernador. No se interpeló a varios funcionarios cuestionados.

Al gerente de Transportes Grover Delgado se interpeló y censuró y se exhortó al gobernador su cambio. Vemos una actuación contraria a lo de la organización criminal. Ahora si esos funcionarios ofrecieron dineros para no ser interpelados hay un presunto ilícito. Que se investigue.

En las conversaciones de WhatsApp de los consejeros, los oficialistas dicen haber recibido la orden del gobernador para proteger al funcionario tal.

No se puede inferir que ese apoyo fue a cambio de algo. Debe haber una corroboración. El blindaje es un hecho delictivo, lo que se ha visto es el ofrecimiento de un funcionario a un consejero (en alusión al caso de Marcelo Córdova) Que respondan ellos.

El señor Córdova era muy amigo del señor Cáceres, eran socios políticos incluso él financió su campaña.

Desconozco ese aspecto. Lo que se puede apreciar es quien solicita el blindaje es él (Córdova) no el gobernador.

Pero quien designa al señor Córdova en Copasa y Autodema es el gobernador.

Naturalmente, si él hizo ofrecimientos que transgreden la ley debe ser investigados.