El oscuro expediente de los gobernantes en el sur

“Es como un deja vu, con todos. Es muy triste. El 15% de las inversiones se las traga la corrupción, alrededor de 22 mil millones de soles. Es demasiado dinero lo que estamos perdiendo. Por más que la economía crecía en la década pasada, la gente sentía que no le llegaba el progreso, porque las autoridades se meten eso al bolsillo. Es urgente una reforma política”, afirma el politólogo, Carlos Timaná.

Según la Procuraduría Nacional Anticorrupción, 18 gobernadores regionales, de 25, son investigados por presuntos delitos de corrupción, seis son de las regiones del sur.

Cáceres en Arequipa

Uno de los casos más recientes es del gobernador de Arequipa Elmer Cáceres Llica, como cabecilla de la organización criminal Los hijos del cóndor. Para la autoridad y sus cómplices, la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva por presuntamente haber entregado cupos de trabajo, repartir terrenos y sobornos para evitar la fiscalización y favorecer a empresas con la entrega de obras.

Para el presidente del instituto legal Solidaria Perú, Arturo Salas, la presunta conducta criminal está instaurada en el Gobierno Regional de Arequipa desde hace varias gestiones. La ex gobernadora Yamila Osorio (2015-2018) no es ajena a las acusaciones. El noviembre del año pasado, el fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, inició investigación preliminar por presuntos pagos ilícitos de la empresa ICCGSA para la carretera Variante Uchumayo, entre el puente San Isidro y la vía de Evitamiento, distrito de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Arequipa.

Para Salas, Osorio también debe responder por el caso de Los Correcaminos del Sur. “Hace dos años hemos pedido que ella (Yamila Osorio) sea incluida ante los claros indicios, todos los procesados son sus hombres de confianza, pero hasta ahora no tenemos respuesta”, apuntó. Esta organización criminal recibía dinero ilícito para permitir a los conductores que presten el servicio de transporte interprovincial, evitando las fiscalizaciones por los inspectores y policías.

Quien también afronta investigaciones es Juan Manuel Guillén, antecesor Osorio. En octubre de este año se instaló el juicio oral por el delito de colusión agravada por presuntas irregularidades en la licitación de la carretera Arequipa – La Joya.

Crisis en Puno

Lo que ocurre en Puno es casi sacado de una ficción. En solo tres años, la región ya tiene tres gobernadores regionales. Hace unos días Germán Alejo asumió por encargatura la conducción del Gobierno Regional en reemplazo de Agustín Luque, quien se encuentra detenido. La fiscalía lo acusa de dirigir la organización criminal “Los Supremos del Altiplano” que direccionaría obras a empresas sin experiencia.

Luque llegó al sillón regional tras la suspensión de Walter Aduviri, quien fue condenado inicialmente a 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad por el “Aymarazo”, violenta protesta que lideró en el 2011. En diciembre del año pasado fue liberado, pero aún tiene una pena suspendida.

Realidad de Cusco

En Cusco, el gobernador regional, Jean Paul Benavente García, también tiene investigaciones por presuntos delitos de corrupción en el caso de capacitaciones fantasma. Los hechos ocurrieron entre los 2019-2020. El caso se investiga.

Sin embargo, el historial de los antecesores es lo más preocupante. Las tres ex autoridades antes de Benavente llegaron a la cárcel por casos de corrupción. El primero fue Hugo Gonzáles Sayán (2008-2010), quien cumplió una sentencia por colusión en la licitación de las 13 carreteras a favor de la empresa JS Contratistas.

Le siguió los pasos el ex presidente regional, Jorge Acurio Tito (2011-2013), quien cumplió una prisión preventiva en el penal de Ancón por presuntamente haber recibido un soborno de S/ 3 millones de la empresa Odebrecht para favorecerla en la adjudicación de la obra Vía de Evitamiento. Actualmente se encuentra en el penal de varones del Cusco por una sentencia de cuatro años por peculado al apropiarse ropa usada destinada a comunidades altoandinas.

Acurio Tito también es investigado por la concesión de la construcción del Hospital Antonio Lorena del Cusco a la empresa brasileña OAS, la cual se habría concretado tras el pago de una supuesta coima de más de S/16 millones.

Madre de Dios y Apurímac

Sobre el actual gobernador de Madre de Dios, Luis Guillermo Hidalgo, pesa un pedido de prisión preventiva de 36 meses por pertenecer a la presunta organización criminal Los Hostiles de la Amazonía. Se les procesa por favorecer a un conglomerado chino de empresas madereras con el propósito de tener los derechos forestales a cambio de beneficios.

En el caso del actual titular regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, es investigado por los presuntos delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo propio, falsedad ideológica y genérica por el direccionamiento en la compra de cinco ambulancias valorizadas en 3 millones 625 mil soles.

Procesos en Tacna

En Tacna, el gobernador, Juan Tonconi Quispe, afronta una investigación por el presunto delito de colusión agravada por la compra de ventiladores mecánicos para equipar el Hospital Hipólito Unanue por el monto de S/ 1 millón 883 mil 219, en el 2019.

El exgobernador tacneño Omar Jimenez Flores también afronta un proceso por integrar la mafia Los Limpios de Tacna. Actualmente está recluido en el penal tras ser capturado en 2018. Recientemente la fiscalía solicitó 13 años de cárcel por recibir coimas.