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Política

Bermejo: PJ cita a testigos ofrecidos por la defensa del legislador de Perú Libre

El juez Andrés Churampi Garibaldi ordenó que los testigos propuestos por al defensa de Bermejo deberán presentarse a brindar declaración el 10 de noviembre bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública.

Foto: Marco Cotrina
Foto: Marco Cotrina

La Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria del Poder Judicial citó a tres testigos propuestos por la defensa legal del congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien sigue un proceso penal por presunta filiación al terrorismo. Se trata de Sergio González Apaza, Carlos Díaz Yaranga y Efraín Huarcaya Vega, quienes no se presentaron en la audiencia desarrollada el miércoles 3 de noviembre.

Al respecto, el juez Andrés Churampi Garibaldi anunció que retomará el interrogatorio el miércoles 10 de noviembre a los tres testigos bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública. Solo estuvo presente el ciudadano Juan Guillén González, quien en su manifestación negó que Guillermo Bermejo tuviera nexos con Sendero Luminoso. Además, indicó que el congresista no arengó a favor de los Quispe Palomino.

“No señor. Nosotros somos comité de autodefensas. Luchamos contra Sendero Luminoso, por lo tanto nosotros no podríamos aceptar eso. Nunca ni tampoco podemos aceptar eso”, declaró.

A Guillermo Bermejo se le acusa por el presunto delito contra la tranquilidad pública-terrorismo en agravio del Estado, en la modalidad de afiliación terrorista a Sendero Luminoso del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Vraem), entre 2008 y marzo del 2009.

Ministerio Público pide veinte años de prisión para Bermejo

De acuerdo a la tesis fiscal, el congresista de Perú Libre se habría desplazado en varias oportunidades de manera “consciente y voluntaria” para reunirse clandestinamente con Víctor Quispe Palomino y con otros miembros del grupo narcoterrorista.

Cabe mencionar que el Ministerio Público pidió 20 años de prisión contra Bermejo Rojas, además del pago de una reparación civil en agravio del Estado peruano y la inhabilitación posterior como funcionario.