Omar Cairo sobre la ley de confianza: “Ayer el Congreso infringió la Constitución”
El TC tendría tres meses para pronunciarse sobre la ley de cuestión de confianza. Durante este periodo, el abogado constitucionalista advirtió que la medida estará vigente y el Congreso podría tramitar una vacancia presidencial sin temor a ser disuelto.
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El Congreso de la República aprobó por insistencia la ley observada por el Gobierno de Pedro Castillo que limita el uso de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo. La institución liderada por María del Carmen Alva dio luz verde a la medida con 79 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.
René Gastelumendi, conductor de Grado 5 de Epicentro TV, recordó que el artículo 132 de la Constitución precisa que la cuestión de confianza se plantea solo por iniciativa ministerial; es decir, no existía una limitación.
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El abogado constitucionalista Omar Cairo recordó que en el 2017, el Tribunal Constitucional, tras una demanda constitucional presentada por el Ejecutivo, denegó al Parlamento la modificación al Reglamento del Congreso, que posee rango de ley, la cual pretendía trazar limitaciones a la cuestión de confianza.
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“El TC ya anuló una ley exactamente con el contenido de esta. No se puede colocar limitaciones en la ley a la cuestión de confianza”, acotó.
En este sentido, Cairo explicó que el trámite por un proceso de inconstitucionalidad demora, en un cálculo optimista, tres meses. Durante este periodo, la ley que limita la cuestión de confianza impulsada por la fujimorista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, estará vigente.
“El Congreso puede tramitar una vacancia distorsionándola por su puesto y remover al presidente con la tranquilidad de que las cuestiones de confianza serán improcedentes”, advirtió.
Tras el fallecimiento de Carlos Ramos, el TC solo cuenta con seis magistrados y para que se declare fundada una demanda de constitucionalidad, según el nuevo Código Procesal Constitucional, son necesarios cinco votos.
El letrado sostuvo que el organismo liderado por Marianella Ledesma debería declarar infundada la ley por coherencia institucional. No obstante, alegó que todo está en manos de los seis magistrados.
“El intérprete supremo ya dio su palabra y ayer el Congreso infringió la Constitución”, concluyó.
