Familiares de las víctimas del terrorismo: El daño y el dolor nunca serán reparados
Deudas. El sistema de justicia aún mantiene en impunidad el proceso por la matanza de Soras. Familiar de la masacre de Lucanamarca exige una verdadera reparación desde el Estado. Y viudas de policías asesinados por SL subrayan que nada borra el dolor por la muerte de sus seres queridos.
Ocurrida la muerte del terrorista líder de Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán, familiares de las víctimas dejan en claro que esta partida no repara, en absoluto, todo el dolor generado durante dos décadas. Una segunda reflexión que dejan es la incapacidad del Estado peruano y su sistema de justicia para sancionar a los terroristas por todos los delitos cometidos.
El caso más relevante que pone en evidencia esta deficiencia del Estado y la sociedad es la masacre de Soras: 117 comuneros asesinados por los terroristas el 16 de julio de 1984.
Han pasado 37 años y seis gobiernos, y nada concreto ha ocurrido en términos de sanción penal efectiva contra los responsables, entre ellos Abimael Guzmán.
Detrás del hilo telefónico, Diana Jáuregui lamenta esta indiferencia de los gobiernos consecutivos para hacer justicia, más allá del discurso político.
Tenía siete años cuando mataron a su padre Olimpo Jáuregui en Soras. Tuvieron que pasar 28 años para que recién en el 2012 pudiera obtener la partida de defunción. Y ahora está pendiente el juicio. “Cuántos años más debemos esperar, muchas familias de víctimas están muriendo en el camino sin alcanzar justicia”, protesta.
Dania Coz, abogada de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), organización que ejerce la defensa de las víctimas en el caso Soras, explica que recién en febrero de este año se presentó el dictamen acusatorio ampliatorio para dar paso al juicio oral.
Audiencia. Abimael Guzmán, condenado a cadena perpetua por masacre de Lucanamarca. Foto: difusión
Abimael Guzmán era uno de los acusados. “Esto es una injusticia, no puedo llamar justicia. Hoy muere Abimael Guzmán, pero eso no nos devuelve tantos años de olvido y destrucción”, apunta Diana Jáuregui.
Otro de los casos emblemáticos que dejó el terrorismo es Lucanamarca. Un total de 69 campesinos asesinados, incluidos niños y ancianos. Guzmán recibió cadena perpetua por estos crímenes.
“Lucanamarca ya era una zona liberada y estaba bajo el mando del lugarteniente de Abimael Guzmán. Cansados de tantas muertes, la comunidad ajustició a este lugarteniente, pensando que con eso se iban a liberar. Pero a las 24 horas, Abimael Guzmán mandó a un batallón encabezado por Huarancca y con machetes y piedras arrasaron con toda la comunidad”, relata Genaro Quincho, quien perdió a una decena de familiares en dicha masacre ocurrida el 6 de abril de 1983.
Según apunta, más allá del juicio y la condena a Guzmán, el Estado no ha cumplido con su deber de atención a las comunidades como Lucanamarca, que siguen sumidas en la pobreza. “El pueblo necesita reparación total. En Lucanamarca se enfrentaron y entregaron sus vidas y ahora enfrentan la indiferencia del Gobierno”, reclama.
Las víctimas de la PNP
La muerte de Abimael Guzmán ha vuelto a revivir también el dolor de los familiares de los policías que fueron víctimas del terrorismo. Manifiestan que nada puede reparar el daño que les causaron a sus familias, dejando viudas, huérfanos y padres sin hijos, condenándolos a vivir por siempre con el recuerdo de las muertes de sus seres queridos.
July Arias Benavente tuvo que tomar pastillas para dar su testimonio y recordar la muerte de su esposo, el capitán PNP José Alejandro Rojas Troche, quien a los 30 años fue victimado en Tingo María, el 24 abril de 1986. Ella tenía 27 años y dos hijos de 7 y 6 años. “Desde mi departamento por la ventana veía que llevaban un cadáver en una frazada y luego me avisan que era mi esposo. No puedo olvidar eso, todos los días lo recuerdo. En ese momento me quisieron regresar a Lima en avión, pero rompí los boletos. Querían que deje a mi esposo, pero me quedé y viajé con su ataúd y mis dos hijos. Hoy he vuelto a revivir todo”, dice acongojada.
Recuerda que su esposo salvó 90 vidas, “pero lo masacraron, su cuerpo era una coladera y lo remataron con un disparo en la boca. Los terroristas buscaban a los heridos y los remataban. Fue en una emboscada de más de mil sediciosos, en que murieron nueve personas”.
La pesadilla para July Arias no terminó ahí. “Cuando iba por los pagos, los oficiales me querían enamorar, decían que me pagaban si salía con ellos. Cuando íbamos a entregar nuestros papeles nos tiraban la puerta en la cara. Hemos pasado vejaciones. Somos olvidadas por el Estado. He tenido que criar a mis hijos sola, sin sueldo”, expresa indignada.
Como recuerdo, atesora la carta que su esposo le escribió desangrándose agonizante.
Para Sandra García Morey, presidenta de la Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (AVISFAIP), “la muerte de Abimael Guzmán no borra todo el dolor causado a las familias; el daño es la cadena perpetua de ser viudas y huérfanos”.
Informó que en AVISFAIP hay 600 familias y son 2.500 policías fallecidos a manos del terrorismo inscritos en el registro único de víctimas. A las viudas les dieron una pensión y una reparación única de S/ 10.000.
Familiar. Sandra García Morey, presidenta de la AVISFAIP. Foto: difusión
Su esposo fue el mayor PNP Roberto Morales Rojas, un experimentado desactivador de explosivos de la UDEX, que fue asesinado en una emboscada terrorista el 4 de febrero de 1993 en Huancabamba (Piura), junto con otros 16 policías.
“Si (Guzmán) no lo hizo con su mano, con su pensamiento generó fallecidos, discapacitados, huérfanos y viudas. El dolor va a continuar hasta cuando nosotros dejemos esta tierra. Dios hará justicia y lo tendrá en el lugar que merece”, sentencia.
“No puedo estar feliz, pero siento paz por mi esposo, por mi hijo que quedó en mi vientre y se crio sin padre. Nuestra familia fue mutilada, hasta ahora siento el dolor”, refiere, por su parte, Libusy Jiménez Aguilera, viuda del agente PNP Benjamín Yarlaque Castañeda.
Mercedes Cuadros, viuda del policía Marco Tulio Ojeda Feria, manifestó que los familiares de las víctimas no están conformes al ver a un presidente de la República, un premier y ministros ligados al terrorismo. “La muerte de nuestros esposos ha sido en vano, nos sentimos burlados”, expresa.
Recordó que el 20 de julio de 1992, tras el atentado en Tarata, su esposo salvó la vida a 25 personas, entre ellas a Hernando de Soto en Miraflores. “Fue a desactivar un coche bomba con 400 kilos de anfo y dinamita que explotó y lo hizo volar en pedazos, ¿qué cosa he recogido de mi esposo?, me quedé viuda y embarazada”, comenta.
“A mi esposo lo asesinaron cruelmente y me dejaron muerta en vida. Él estaba destacado en la municipalidad de Lince. Iba a almorzar y en el restaurante lo esperaban. Se defendió y estaba escapando herido, pero en la puerta apareció una mujer que le disparó en la cabeza”, relata María León, viuda del policía Yalle Ortiz, victimado el 27 de noviembre de 1989.
Dolor. Familiares de policías asesinados por los terroristas. Foto: URPI-LR
Proceso estancado en el caso Soras
Si bien Abimael Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua por los casos Lucanamarca y Tarata, su muerte deja en medio camino el proceso judicial en su contra por la masacre ocurrida en Soras (Ayacucho), contra 117 comuneros.
Dania Coz, abogada de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), relata que hace un par de años la acusación fiscal fue observada por una sala penal que pidió aclaraciones. Es por ello que recién en febrero de este año el Ministerio Público presentó el dictamen ampliatorio para el inicio del juicio oral.
Junto con Abimael Guzmán fueron acusados Elena Yparraguirre Revoredo, Óscar Ramírez Durand, Laura Zambrano, Osmán Morote, Margot Liendo, Víctor Quispe Palomino y Casiano Tomateo.
