Congreso insiste en investigar supuesto fraude electoral de manera irregular

Embrollo. El pleno aprobó la nómina de los integrantes de este grupo de trabajo sin que resuelva si hubo o no 46 congresistas a favor para crear esta comisión, como exige el reglamento, en vista que el congresista José Arriola pidió retirar su voto.

Agenda.  Esta semana se podría sustentar la moción de interpelación al ministro de Trabajo. Foto: difusión
Agenda. Esta semana se podría sustentar la moción de interpelación al ministro de Trabajo. Foto: difusión
Diego Quispe

A pesar que han transcurrido más de dos meses desde la proclamación de resultados electorales, en el Congreso de la República los partidos aliados de oposición insisten en investigar si hubo o no fraude en los recientes comicios generales.

Con 72 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, el pleno aprobó la conformación de la nómina de los integrantes de la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en las Elecciones Generales del 2021.

Los que se opusieron fueron los parlamentarios de los partidos de izquierda Perú Libre y Juntos por el Perú.

Los congresista que integrarán esta comisión son José Balcázar, de Perú Libre; Martha Moyano, de Fuerza Popular; Raúl Doroteo, de Acción Popular; Gladys Echaiz, de Alianza Para el Progreso (APP); Rosallie Amuruz, de Avanza País; Jorge Montoya, de Renovación Popular y Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú (JP).

Las bancadas de Somos Perú - Partido Morado y Podemos Perú no acreditaron miembros.

El problema es que la instalación de esta comisión investigadora no procede porque las irregularidades que hubo en su aprobación. El reglamento del Congreso exige que para crear grupos de esta naturaleza se necesitan 46 votos a favor.

El caso Arriola

El 19 de agosto, el pleno del Congreso votó esta moción, impulsada por Renovación Popular. La pantalla de votación del Hemiciclo, pasada las 5:30 de la tarde, mostró que 46 parlamentarios habían aprobado conformar una comisión que indague presuntas irregularidades en el proceso electoral.

La mayoría de legisladores de Acción Popular había votado en abstención. Era un acuerdo de bancada. Sin embargo, el congresista José Arriola resolvió a favor. Arriola, minutos después, buscó corregir este error para ceñirse a la línea de su agrupación. A las 7:30 de la noche envió un oficio al Oficial Mayor del Congreso, Hugo Fernando Rovira, pidiéndole, por favor, que se modifique su voto.

Sin embargo, no le respondieron, pese a que el legislador había presentado la solicitud antes que la Mesa Directiva levante el acta de aquella sesión.

El 23 de agosto, el congresista José Arriola, con el apoyo de uno de los voceros de Acción Popular, Raúl Doroteo, envió nuevamente otro documento, pero esta dirigido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. La demanda era la misma: cambiar su voto a abstención.

“Por medio de la presente me es grato saludarle e informarle que revisando el registro de la votación del día 19 de agosto del 2021, de la moción 28, no ha sido retirado mi voto y cambiado al mismo sentido del acuerdo de mi bancada”, decía el oficio de Arriola al que accedió este diario.

Pero el despacho de Alva no le respondió, según declaró el propio Arriola a este diario el 29 de agosto. Esta redacción busca una respuesta de la presidenta del Congreso y tampoco, hasta la fecha, da luces al respecto.

Luque exige respuestas

La vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque, fue a pedirle explicaciones a Alva, según fuentes parlamentarias, la titular del Congreso zanjó el tema, señalando que era imposible que se cambie el voto de Arriola. Luque le preguntó por qué y le solicitó que se le informe y sustente por escrito porque el documento del congresista de Acción Popular no procede.

La Oficialía Mayor del Congreso finalmente le envió una respuesta a Luque cerrándose en la postura en que es imposible que el voto de Arriola cambie a abstención.

Esto es crucial. Sin el voto de Arriola quedaría registrado que solo 45 congresistas apoyaron la aventura de investigar, mediante una comisión parlamentaria, si hubo fraude electoral en las elecciones 2021.

Sin embargo, en la sesión del pleno de este jueves, Alva dejó la presidencia a cargo de Enrique Wong, vocero de Podemos Perú, y, pese a que esta moción no estaba en la agenda, Wong sometió a votación la nómina de integrantes de este grupo que investigará el último proceso electoral.

Luque planteó una cuestión de orden y volvió a exigir que la Oficialía Mayor del Congreso le precise por qué no hicieron caso a la solicitud de Arriola. Según la vocera de JP, Alva le respondió que “el voto no puede ser variado por pedidos o documentos posteriores”. Lo cierto es que Arriola pidió ese cambio antes que Alva levante el acta de la sesión.

La vocera de JP le recordó un ejemplo cercano. “En mayo del 2019, por ejemplo, se aceptó el cambio de votación del congresista Mauricio Mulder en una sesión del 18 de mayo de la Comisión Permanente, quien cambió su voto en abstención a en contra para blindar al fiscal Pedro Chávarry”, rememoró.

“En consecuencia, no es tan fácil decir que no se ha cambiado el voto”, recalcó Luque.

Pero Wong no le hizo caso. Le respondió a la congresista que su cuestión de orden será discutida en la Comisión de Constitución. Y levantó la sesión. La nómina de la Comisión Investigadora de las Elecciones Generales había sido aprobada al carpetazo.

Arriola denunció que la creación de esta comisión, sin respetar su decisión, es ilegal. “Mantengo mi posición de que esa es una comisión inútil. ¿Para qué van a revisar? La OEA ya dijo que ha sido transparente (el proceso electoral). Al final de cuentas, hasta Keiko Fujimori ha reconocido al presidente Pedro Castillo”, manifestó a este diario.

Los congresistas de Perú Libre, por su parte, no dijeron nada. Fuentes del Parlamento contaron que buscan evitar conflictos con Alva, sobre todo porque se avecina la interpelación contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y aún hay varias mociones pendientes para citar al premier Guido Bellido.

En Juntos por el Perú, mientras tanto, adelantaron que venían elaborando una moción contra el Oficial Mayor. Un último recurso para evitar que el Congreso complazca a quienes insisten con la tesis de fraude.