Úrsula Indacochea: “En un Estado constitucional no existen fueros sino competencias sujetas a control”

La abogada Úrsula Indacochea señala que ningún poder es absoluto y que este Congreso usa un lenguaje autoritario que se siente capaz de todo, sin estar sujeto a límite. Advierte que de llegarse a realizar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), esta sería viciada. Refiere que la comisión que los eligió no quiso hacer un trabajo serio.

¿Qué legitimidad tendrían los miembros del TC si son elegidos por este Congreso?

De llegar a elegirse magistrados del TC esa elección estaría viciada al basarse en un incumplimiento al mandato judicial. Podría existir la posibilidad de que el tribunal se niegue a juramentar a las personas así elegidas, y por lo tanto el siguiente Congreso podría anular esas resoluciones legislativas. Eso en lo formal. Pero si eso no sucede, los miembros del tribunal así elegidos tendrían poquísima legitimidad y con una sombra de desconfianza, de estar allí por razones políticas. Y estarían condicionados al momento que les toque resolver casos que involucre a los intereses de quienes los llevaron a ese cargo.

Algunos candidatos renunciaron ¿No es preocupante que elijan entre quienes quedándose convaliden un acto ilegal?

Por supuesto. Eso es una mancha imborrable en su vocación democrática. Por ejemplo, si algún día quisieran ser nominados jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comisionados o tener algún rol internacional en su carrera profesional, eso se los impediría de todas maneras. El principal rasgo de un juez constitucional es el respeto al Estado de derecho, y eso está claramente determinado por el acatamiento de las decisiones judiciales, aunque no nos guste. Aceptar ser nombrados de esa forma es también avalar el vicio del nacimiento de su propio cargo.

¿Qué sensación le dejan las motivaciones de los parlamentarios para aprobar a los candidatos, muchos sin sustento?

Cuando me enteré que habían publicado las motivaciones, sabía que me iba a sorprender, pero no pensé que iba a sentir tanta indignación. No he encontrado una sola fundamentación que pueda ser llamada como tal. En muchos casos no hay fundamentación, pero en los casos en los que se ha desarrollado, aunque sea un poquito, no entienden cuál es el significado de lo que están evaluando. Y si no lo tienen claro, cómo van a motivar. Cuando se puso el reglamento a consulta, les presentamos un documento extenso, con muchas ideas de cómo se podía evaluar, y les explicamos que no debían hacerlo con puntajes. Ejemplos e insumos para hacerlo bien, nunca les faltaron. No quisieron hacer un trabajo serio. Y creo que la razón es que justamente en las entrevistas, como es la parte más subjetiva, es donde se empiezan a beneficiar a los candidatos de su preferencia, arbitrariamente, y así pueden ponerlos más adelante.

Cada cierto tiempo pasamos por una repartija como esta. ¿Cómo evitar que sean elegidos por intereses políticos?

La solución más fácil sería sacar esa elección de manos de un plano político. Pero también existen otras salidas. Se puede poner muchos candados a la elección, como que la preselección la haga otro órgano, y el Congreso elija de ese listado. Se le puede encargar a una comisión especial, como es la Junta Nacional de Justicia. Otra forma es que las elecciones de altas cortes se hagan a la mitad del período del órgano que los va a seleccionar, para que éste no trate de aprovecharse y poner sus candidatos ante de irse. Otra manera es la renovación escalonada, que el Congreso no pueda poner, por ejemplo, más de dos magistrados. Eso impide que pueda controlar la totalidad del tribunal, como ocurre en este caso.

Dos candidatos que pasaron el filtro de la comisión tuvieron comunicaciones telefónicas con investigados por la red de “Cuellos Blancos”. ¿Esto se hubiera evitado con una selección previa de un ente técnico independiente?

Que la comisión especial sea multipartidaria es positivo porque ninguna bancada tiene más peso que otra. Sin embargo, eso no significa que la puedan integrar personas cuestionadas o con conflictos de intereses. Aquí había varios congresistas que tenían intereses involucrados que no debían haber estado en la comisión. Por otro lado, es gravísimo que no hayan detectado candidatos que han tenido esas conversaciones telefónicas; es como tener un colador lleno de huecos. Y uno de ellos fue el mejor calificado, sin embargo, al momento de votar, solo un miembro de la comisión votó por él. Eso es inexplicable.

¿En otros países la elección también es política?

Sí, hay muchos países que tienen mecanismos políticos. Estados Unidos, México, Argentina son los más parecidos a este sistema que tenemos, y no están libres de los mismos cuestionamientos. Talvez por la calidad de sus democracias es por lo que obtengan resultados diferentes. Para un país con dos partidos fuertes históricos, como Estados Unidos, un sistema como el que tienen en el que el presidente nomina y el Senado confirma, funciona porque el escrutinio es tan fuerte que ningún presidente nominaría a un jurista, ni él permitiría ser nominado si no supiera que puede pasar ese escrutinio. Tienen a todo el país buscando hasta el primer tuit que esta persona puso. El problema no es que sea político, sino la conjunción de un mecanismo así cono una democracia débil.

Que se demuestra en que hayan escogido este momento para hacer la elección cuando habían dicho que lo haría el siguiente Congreso.

Creo que este Congreso tuvo la oportunidad de hacer un buen trabajo. Nada le impedía elegirlos, el problema es la cantidad de vicios cometidos, sobre todo al final, que han terminado de convencerme de que casi no existen posibilidades de que no sea una elección política.

¿Con qué objetivo?

De mi experiencia, viendo estos tipos de procesos en la región, mi conclusión es que los poderes políticos necesitan cooptar a los tribunales constitucionales por razones que tienen que ver con temas electorales. Por ejemplo, al interpretar cláusulas que tienen que ver con la reelección, los tribunales cooptados han dicho que sí se puede cuando la Constitución dice lo contrario. Otra razón es porque los grupos políticos buscan llevar a esa instancia, discusiones que no se han podido resolver en la arena política, y las judicializan. En el caso peruano hay temas electorales que han sido planteados a través de amparo y habeas data que eventualmente podrían llegar al TC. Está también el tema de la cuarta legislatura, que podría llegar al TC, así como las destituciones de los magistrados involucrados en los CNM-audios, como la destitución del fiscal Luis Arce Córdova. ¿Cómo no van a querer tener algún tipo de influencia?

¿Cómo ven en el exterior a este Parlamento, que parece sentirse intocable?

Esos son comportamientos autoritarios. Este Congreso dice que quiere defender un fuero, y esa misma palabra es medieval, es propia de los privilegios que le daban los reyes a ciertas personas. Y en un Estado constitucional de derecho no existen fueros sino competencias sujetas a control. Simplemente desde el lenguaje autoritario uno se da cuenta que es un Congreso que se siente capaz de todo sin estar sujeto a límite.

Ustedes presentaron un amicus curiae en el proceso de amparo sobre estándares internacionales en el control judicial de procesos de elección altas autoridades del sistema de justicia ¿Cuáles no ha respetado el Parlamento en este caso?

El amicus que presentamos no se refiere a los fundamentos de la demanda del señor Ayala. No nos pronunciamos sobre si son correctos o no. Lo que decimos es que, en base a las obligaciones internacionales del Estado peruano, asumidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado está obligado a garantizar un recurso efectivo cuando un ciudadano alega que se han violado derechos por un proceso de selección de jueces de altas cortes. Es decir, que sí se puede impugnar ese proceso, e inclusive sus resultados.

Un sector quiere desconocer los resultados electorales en Perú denunciando un supuesto fraude sin evidencias, como quiso hacer Trump ¿otros países de la región podrían seguir este mal ejemplo?

Trump hizo un gran daño a la democracia como sistema porque este tipo de alegaciones de fraude sin evidencias, lesiona la confianza ciudadana en la democracia. Independientemente de que los que alegan fraude consigan revertir sus resultados, dejarán un país con una ciudadanía que ya no cree en la democracia y eso es peligrosísimo porque es el caldo de cultivo para los regímenes autoritarios y totalitarios. Por supuesto, que hay un riesgo de que otros países sigan ese ejemplo, pero su costo sería altísimo. La democracia norteamericana va a tardar muchos años en recuperarse, y lo mismo va a pasar en el Perú.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.