Esterilizaciones forzadas: víctimas reclaman al Minjus por negarles reparaciones

La Asociación de Mujeres Afectada por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas y el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas en Perú (GREF) emitieron un comunicado en el que se pronunciaron sobre la negativa del Ministerio de Justicia (Minjus) de implementar una política de reparaciones para las víctimas del señalado crimen de lesa humanidad.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos negó el derecho de las víctimas de esterilización forzada a que accedan a una política de reparaciones integrales a las víctimas de esterilizaciones forzadas, lo cual impide la obtención de verdad y justicia de miles de mujeres” acusa el inicio del pronunciamiento.

Posteriormente explica que, entre las razones esgrimidas por el Minjus para deslegitimar la demanda de amparo presentada por las representantes de las víctimas el pasado 14 de abril en el Poder Judicial, se alegó que las esterilizaciones fueron responsabilidad del sector salud en la década del noventa y no por parte del presente ministerio.

“Entre los múltiples argumentos que buscan desconocer este derecho, el Minjus señala que las demandantes, entre ellas, Inés Condori, presidenta de la Asociación de Víctimas de Chumbivilcas, no se encuentran en la capacidad de demandar por esta violación; o que las víctimas no habrían recurrido antes al recurso de petición”, prosigue el pronunciamiento.

En esa línea, de acuerdo a las asociaciones encargadas de velar por este caso ante el Poder Judicial, este estaría “desconociendo, así, las múltiples ocasiones en las que las víctimas, por todos estos años, vienen pidiendo de manera oral o escrita al Minjus que se les reconozca este derecho; o que el plazo para interponer la demanda ya habría prescrito”.

“Ante esta respuesta del Minjus (...) la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas y el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF) respondieron al Poder Judicial y reafirmaron la necesidad de que el Estado garantice la reparación de los derechos vulnerados de todas las víctimas producto de una política pública que violentó sus derechos humanos y que constituía incluso un crimen de lesa humanidad”, reclaman.

Reparaciones corresponden al Ejecutivo

En el mismo documento, las referidas asociaciones citaron a Ana María Vidal, abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), el cual indica que se han desconocido los alcances en materia del derecho a la reparación y a las propias competencias del Ministerio de Justicia.

“Entre las competencias del MINJUSDH se encuentra formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política en materia de derechos humanos. Siendo las esterilizaciones un caso comprobado de violación a los derechos fundamentales durante el Gobierno de Alberto Fujimori, le corresponde a esta institución del Ejecutivo garantizar a las víctimas el acceso a las reparaciones integrales”, señaló la legista en un comunicado”, explicó la especialista.

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