Susana Villarán tendrá impedimento de salida durante la investigación
Poder Judicial ordenó medida contra la exalcaldesa Susana Villarán por los casos OAS y Odebrecht.
La investigada exalcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán de la Puente, no podrá salir del país y deberá cumplir una serie de restricciones durante el proceso que dirige en su contra el fiscal José Domingo Pérez.
Así lo resolvió esta tarde el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Jorge Chávez Tamariz, quien ordenó esta medida tras rechazar el pedido de la Fiscalía para ampliar hasta mayo de 2022 el arresto domiciliario contra Villarán.
Para el magistrado no fue suficiente que se programen diligencias para junio y los meses próximos en el caso, como tampoco lo fue el peligro de obstaculización que fue válido para imponer prisión preventiva contra Villarán en 2019.
“No se advierte que el peligro de obstaculizacion que se determinó en la prisión preventiva sobre el ‘pacto de silencio’ [solicitado por Villarán a Miguel Castro Gutiérrez y Gabriel Prado, sus coimputados] tenga la misma significancia y magnitud”, precisó.
Las restricciones que debe cumplir la exfuncionaria son: impedimento de salida del país, no cambiar su lugar de domicilio sin autorización judicial no comunicarse con coinvestigados ni testigos o peritos del caso, presentarse ante las autoridades judiciales o fiscales cuando sea requerida y no brindar declaraciones a la prensa.
El magistrado Chávez Tamariz ordenó al final de la sesión que se libere del domicilio de Susana Villarán el resguardo policial y quede, por ende, con comparecencia restringida. La Fiscalía anunció que apelará esta decisión para que vuelva a imponerse arresto domiciliario.
Debate previo y caso concreto
La fiscal adjunta de José Domingo Pérez, Luz Flores Tarapa, sustentó ayer que el plazo de un año más de arresto domiciliario era necesario porque faltaban recibir traducciones de declaraciones de testigos brasileños, diligencias programadas para junio de este año, pericias e informes contables a 12 personas jurídicas (empresas y ONG), entre otras actividades.
Se resaltó también que Villarán no tuvo una “adecuada actuación”, pues en otros casos que lleva en la Fiscalía Anticorrupción, la exalcaldesa de Lima Metropolitana “no acudía a los llamados” o “no asistía a las diligencias”.
El abogado Raúl Pariona, defensor de Susana Villarán, sostuvo en cambio que ninguna de las actividades programadas por la Fiscalía requerían de la intervención de su patrocinada. Alegó también los 71 años de Villarán y su estado de salud, pues aún padece síntomas del COVID-19 que contrajo en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
Villarán en proceso
Susana Villarán tiene desde mayo de 2020 una orden de arresto domiciliario, que se cumplió a mediados de mayo de este año. Además, la exfuncionaria es procesada por tres delitos: lavado de activos, cohecho pasivo propio y lavado de activos.
Las pesquisas que logró recabar el fiscal Carlos Puma Quispe determinaron que existió una organización criminal liderada por Villarán entre 2011 y 2014 y que recibió USD10 millones de las constructoras Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocatoria en 2013 y reelección en 2014.
Desde agosto de 2020, tras la renuncia de Puma al equipo especial Lava Jato, el fiscal José Domingo Pérez asumió la investigación.
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