Fujimoristas buscan investigar acuerdo con Odebrecht en el Congreso
Ataque jurídico. Acuerdo de colaboración eficaz es el principal instrumento de la fiscalía en la investigación del caso Lava Jato.
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La Comisión de Justicia del Congreso reiteró un pedido al Consejo Directivo para que se ponga en agenda la solicitud de la congresista de Fuerza Popular Martha Chávez Cossío para conformar una comisión investigadora del acuerdo de colaboración eficaz entre la constructora Odebrecht y el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato.
Chávez pretende que se investigue el nivel de autonomía de los fiscales, si el acuerdo fue puesto en conocimiento de las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Ejecutivo, por qué no ha sido puesto en conocimiento del Congreso, analizar los términos del acuerdo y determinar la existencia de responsabilidades.
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Ese es un despropósito que, de ser aprobado por el Congreso, pone en riesgo la estabilidad jurídica del país y afecta la autonomía jurisdiccional de los magistrados, de acuerdo con fuentes de la Corte Suprema. “Es como si el Congreso investigara cómo se dictó una sentencia”.
Un acuerdo de colaboración eficaz es un documento que forma parte de un proceso judicial y, en el caso específico del suscrito con Odebrecht, hoy tiene autoridad de cosa juzgada y no puede ser revisado por el poder político. Está protegido por una ley expresa.
“Los ciudadanos y aun el Congreso tienen el derecho de criticar y mostrar públicamente su rechazo o aprobación sobre un acuerdo, pero de ninguna manera puede atribuirse la posibilidad de constituirse en una instancia revisora de la decisión judicial”, refirió un magistrado de la Corte Suprema.
Un acuerdo puede ser impugnado en la misma vía judicial, y en el caso del acuerdo con Odebrecht esa etapa ya pasó. El objetivo del fujimorismo es cuestionar el acuerdo para invalidarlo como prueba en el proceso por lavado de activos a la candidata presidencial Keiko Fujimori y otros políticos.
Acuerdo
Odebrecht. El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht se firmó el 15 de febrero del 2019 y fue aprobado en junio del 2019 por la jueza nacional María Álvarez.
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