El Informante: Los contratos secretos, por Ricardo Uceda

Pocas palabras tan usadas políticamente como la transparencia y tan venidas a menos a la hora de los loros. En el Perú, en medio de una catástrofe pandémica, está puesta a prueba en el caso de las vacunas contra el COVID-19, cuyos contratos de compra son secretos, siendo una materia de tan alto interés público. Puestos contra la pared ante la necesidad de inmunizaciones, los Estados han aceptado inflexibles condiciones de confidencialidad.

El consorcio anticorrupción Proética pidió al Ministerio de Salud los convenios e informes técnicos que justificaron los contratos suscritos con Sinopharm y AstraZeneca. El Minsa los negó, arguyendo que las negociaciones internacionales tienen carácter reservado. Aceptó soltar parte de la información solicitada: la identificación de los funcionarios que participaron en las tratativas, así como la de los organismos internacionales comprometidos. Pero eso ya era de dominio público.

Peligro total

Tanto Proética, para pedir, como el Minsa, para rechazar, se ampararon en cláusulas de la Ley de Transparencia. Las negociaciones del Estado son una causal de excepción mientras se desarrollan, o si su conocimiento posterior produciría perjuicios nacionales. Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, apeló el 18 de febrero. Arguyó que el ministerio simplemente había citado los artículos pertinentes de la ley que avalarían su negativa, sin desarrollar una argumentación. Por entonces el escándalo del Vacunagate estaba en todo su esplendor. Acababa de conocerse una lista de centenares de inmunizados VIP, entre ellos dos ministras de Estado.

El Tribunal de Transparencia admitió el reclamo de Proética y requirió al Minsa el expediente del caso. Es un organismo que dirime controversias entre el Estado y los solicitantes de información pública. La Sala A, que vio el caso, la integran Ulises Zamora, María Rosa Mena y Pedro Chilet, abogados expertos nombrados por concurso. El 2 de marzo, en sus descargos, el viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, sostuvo que el Estado se había comprometido con los proveedores a mantener la confidencialidad de los contratos. Era un grave riesgo divulgarlos, añadió. El país podía perder las vacunas y contraer onerosas penalidades.

Sin clasificación

El viceministro remató diciendo que el pedido de Proética, así como su apelación, ponían en grave peligro la compra de vacunas y el combate a la pandemia. Por esos días Willax reveló decepcionantes resultados parciales de un estudio de Cayetano Heredia sobre ensayos clínicos con pacientes usando la vacuna de Sinopharm. Las respuestas del gobierno no llegaron a disipar la falta de información reinante. Desde distintos sectores empezó a reclamarse el conocimiento de los acuerdos. La fiscalía inició investigaciones acerca de una posible corrupción.

Al analizar el caso, el Tribunal de Transparencia señaló que cuando una información no puede ser difundida, por alguna de las causales de ley, es obligación de la entidad pública clasificarla como tal. El Minsa, como todos los ministerios, debe mantener actualizada la lista de sus secretos de Estado. En el caso de los contratos con Sinopharm y AstraZeneca no lo cumplió. Cuando rechazó el pedido de Proética tampoco explicó, aunque fuera mínimamente, las condiciones de la confidencialidad. Ni lo hizo más tarde, en sus descargos ante el tribunal. ¿Todos los términos del contrato eran secretos? ¿Solo la parte de los precios?

Discusión en la UE

La discusión es global porque la confidencialidad de los contratos entre los países necesitados de la vacuna y los laboratorios es una práctica común. Un aspecto sensible son los precios, cuyo ocultamiento permite a una compañía cambiarlos de un lugar a otro. La oscuridad se extiende al ritmo de producción, la logística y las cláusulas de responsabilidad. El vendedor se desentiende de los posibles efectos adversos de su vacuna y no se somete a tribunales nacionales. El secretismo, que protege a un laboratorio de posibles reacciones de su competencia, ha sido severamente criticado en la Unión Europea, donde por más protestas que hubo no se logró liberar la información.

En enero pasado la Comisión Europea publicó el contrato con CureVac solo después de que la empresa diera su consentimiento. Cuando AstraZeneca anunció que retrasaría la entrega del lote al que se había comprometido, la discusión arreció porque solo un círculo muy cerrado sabía los términos del contrato. Sin esta noción, la sociedad tenía una venda en los ojos respecto del cumplimiento o no de los acuerdos. A lo más les fue permitido a algunos eurodiputados leer, en la sede de la UE, un contrato con AstraZeneca con múltiples tachaduras. No se podía apreciar la información sobre los precios, los plazos y la propiedad intelectual.

Tribunal sin dientes

Como el Minsa no clasificó como reservada la información de los contratos, esta sería pública. Así lo entendió, interpretando la ley, el Tribunal de Transparencia. En una resolución del 5 de marzo ordenó entregar a Proética lo solicitado. Pese a que esta decisión es una última instancia administrativa, el ministerio ha dicho que no puede cumplirla porque la información está lacrada por la fiscalía que investiga el Vacunagate. Sin embargo, la primera ministra, Violeta Bermúdez, ha dicho que el contenido podría conocerse bajo ciertas condiciones. ¿En qué quedamos? El episodio demuestra, una vez más, el vacío legal existente al haberse creado un tribunal sin dientes, que no puede exigirles a las dependencias públicas la documentación en controversia antes de decidir. Quizá entonces hubiera autorizado su publicación al menos con tachaduras. La Autoridad de Transparencia, de la cual forma parte, tampoco es autónoma. Martín Vizcarra ofreció independizarla del Ministerio de Justicia y nunca cumplió.

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