Vacunagate: ¿qué delitos comete un funcionario al inocularse irregularmente?

Luego de que se hiciera público que el expresidente Martín Vizcarra, su esposa y funcionarios de su gobierno fueran vacunados irregularmente contra la COVID-19 con las 2.000 dosis que donó Sinopharm para el estudio clínico que se realiza en el país, tanto la Fiscalía como el Congreso iniciaron las indagaciones para determinar responsabilidades.

Ahora, en los últimos días, se ha dado a conocer que esta práctica, conocida como el caso Vacunagate, se ha extendido al interior del país. En Loreto, alcaldes y funcionarios del gobierno regional, así como familiares de estos últimos, se inocularon irregularmente con dosis de Pfizer que estaban destinadas a adultos mayores de 70 años.

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Asimismo, la Contraloría General de la República detectó que el alcalde de Andahuaylas, Adler Malpartida, se vacunó contra la COVID-19 en una clínica de su propiedad, pese a que no cumple los requisitos para recibir las dosis.

La institución fiscalizadora también encontró situaciones similares en Ucayali y Amazonas. El informe arrojó que en Ucayali hubo 107 personas, entre extrabajadores de salud, personal administrativo que no realiza labores con pacientes con COVID-19 y personal que está en trabajo remoto, que aparecen en la lista para recibir las dosis de Sinopharm.

Mismo panorama en Amazonas, donde la Contraloría informó de la existencia de irregularidades: tres trabajadores del gobierno regional fueron inoculadas en el centro de salud Virgen de Asunta, el 2 de marzo, pese a que no forman parte de los grupos prioritarios de la fase 1 de inmunización.

Ante lo ocurrido, el Ministerio Público informó a la población, en el marco de su campaña “Vacunación sin corrupción”, acerca de cuáles serían los delitos cometidos por funcionarios al inmunizarse fuera de lo que demanda la ley y el plan de vacunación nacional.

¿Qué delitos comete un funcionario al inocularse irregularmente?

La Fiscalía de la Nación enumeró las infracciones en las que incurrirían los servidores y funcionarios durante el proceso de inmunización de la población a nivel nacional, así como los años de privación de su libertad como medida sancionadora.

• Peculado. Apropiación ilícita de vacunas para uso personal o de otros. La comisión de este delito implica una pena de cárcel de entre 5 a 8 años.
• Cohecho. Pedir o aceptar el beneficio de un tercero con la finalidad de ser inoculado. De igual modo, la sanción es la privación de la libertad de 5 a 8 años.
• Colusión. Pactar de manera ilícita durante un proceso de compra de suministros para la vacunación. Este delito implica una pena de cárcel de 3 a 6 años.
• Negociación incompatible. Funcionario con intereses indebidos a favor de un tercero durante un proceso de adquisición de suministros para la vacunación. Por ello, la condena es de 4 a 6 años de prisión.

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