El Informante: La sustituta, por Ricardo Uceda

Al tiempo que se investiga lo que hablaron las fiscales del caso Los Cuellos Blancos con el expresidente Martín Vizcarra, aparecieron evidencias irrefutables de otros procedimientos irregulares en el proceso. Tanto en el gobierno como en la fiscalía. Por una parte, el Ministerio del Interior se “olvidó” de investigar un supuesto tráfico de recompensas percibido en 2019, y cuyos detalles salieron a la luz recientemente en un reportaje de América Televisión. Involucrados están dos policías de inteligencia de la mayor confianza de Vizcarra. Ellos tenían acceso a los audios del escándalo.

Por otra parte, ha quedado demostrado que el fondo del problema con el expediente de Los Cuellos Blancos no es un conflicto entre las personalidades de dos fiscales –Sandra Castro y Rocío Sánchez–, sino entre la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y una de ellas, la segunda. Tampoco era nada personal. Vayamos a la demostración de ambas situaciones.

Agente Axell

Axell es el seudónimo de un agente encubierto que brindó información para que los implicados en Los Cuellos Blancos fueran imputados. En febrero del 2018, Rocío Sánchez autorizó a la policía el uso de procedimientos especiales para su trabajo. La DIVIAC, para tal efecto, le estuvo pagando una asignación. En octubre de 2018, sin conocimiento de la fiscal del caso (Sánchez), dos oficiales de la DIGIMIN solicitaron para Axell pago de 1.7 millones de soles, que debían ser autorizados por la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad (CERCRI). La CERCRI es presidida por un viceministro del sector. Cuando analizó el pedido lo rechazó porque debía haberlo hecho la unidad policial investigadora, es decir la DIVIAC. Luego se comprobó que Axell no dio la información que se indicaba. Además, para pedir tanto dinero inflaron la contribución. Al punto que existe un acta donde se valoriza su aporte para capturar a ocho personas, y otra, falsa, en la que los delatados son trece.

Peor aún, el agente no supo cuánto pidieron realmente para recompensarlo. Le habían ofrecido solo doscientos mil soles. Inspectoría de la PNP abrió una investigación, pero el proceso estuvo durmiendo durante el tiempo que duró la gestión de Martín Vizcarra.

Dos protegidos

Los directamente implicados en este caso de corrupción son el coronel Martín Gonzales, jefe de la División de Búsqueda de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, y el mayor Manuel Arellanos, el policía de la DIGIMIN que recolectaba, junto con la fiscal Sandra Castro, las interceptaciones telefónicas a Los Cuellos Blancos. Gonzales era el policía de confianza de Vizcarra. En los últimos días ha aparecido información abundante al respecto. Reportajes en América TV, Panorama, y uno especialmente prolijo en Convoca, firmado por Miguel Gutiérrez, demuestran esta relación irregular. Gonzales, ni siquiera fue sancionado cuando una negligencia suya permitió la fuga de César Hinostroza. Cayeron el ministro de entonces y varios de la línea siguiente, menos él.

A su vez, el periodista Carlos Paredes ha revelado que parte del dinero que se pagó a Richard Swing, según un colaborador eficaz, provino de los recursos decretos de la DIGIMIN. Trascendió que el ministro del Interior, José Elice, indagó en su sector y le informaron que eso era imposible. No sería el primero en ser engañado. En todo caso, una investigación interna demostraría que el ascenso de Gonzales a coronel, después de la fuga de Hinostroza, se debió a su relación con Vizcarra. Así, no es casual que durante más de un año la corruptela en la recompensa no se haya esclarecido en la PNP ni en el Mininter. Está por verse si el nuevo gobierno está dispuesto a investigar –adelantándose a nuevos destapes– a la inteligencia policial vizcarrista en los casos Cuellos Blancos, Swing y Club de la Construcción.

La preferida

Mientras tanto, el Ministerio Público ha exportado la imagen de que los conflictos en torno al manejo del expediente proceden de una rivalidad entre las fiscales. Hay suficiente evidencia, sin embargo, de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, empoderó a una de ellas, Sandra Castro, para deshacerse de la que estaba a cargo, Rocío Sánchez. Una de ellas le consta a varios medios. Es la ronda de entrevistas con editores periodísticos que Ávalos sostuvo en 2020, justificando el empoderamiento de Castro a raíz de las supuestas deficiencias de Sánchez, la que por entonces fue sometida a Control Interno. ¿Por qué la líder de la institución tenía que favorecer la liquidación mediática de una de sus subordinadas, sometida a una investigación interna? En esta columna se ha dicho que es por el control de los expedientes que podrían comprometerla con el poder.

Tercera evidencia

La segunda evidencia es que, luego de la revelación de que Vizcarra y las fiscales se habían entrevistado, dos magistrados que tenían autoridad para hacerlo se expresaron públicamente. Pablo Sánchez, coordinador del caso (por sobre cuya cabeza Ávalos operaba), declaró que debían ser apartadas no solo las contertulias del expresidente sino la adjunta Roxana Jáuregui. Jáuregui denunció penalmente a Sánchez cuestionando términos de la colaboración eficaz que promovió contra el imputado Antonio Camayo. Zurrándose también en el coordinador Pablo Sánchez. Con razón entonces el ex fiscal de la Nación pidió apartar a Jáuregui, por ser un elemento más del conflicto. El coordinador de las fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, fue de la misma opinión. En un pronunciamiento dijo que no había hecho nada en desde que fue nombrada en el Equipo Especial de Los Cuellos Blancos.

La fiscal de la Nación desoyó estas opiniones.

La tercera evidencia la aportó Mávila Huertas cuando, conduciendo 2021 en Canal N, dijo, en el aire, que el Ministerio Público condicionaba una entrevista con Zoraida Ávalos a que antes se le hiciera una interviú a Roxana Jáuregui. Estaba claro que era su vocera oficial. Renunciaron a entrevistarlas.

-Así no hacemos las cosas acá –dijo Huertas.

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