Tribunal decidirá inclusión de JJC e ICCGSA al caso contra Alejandro Toledo
Empresas que formaron parte del consorcio que ejecutó la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) apelaron decisión que las incluía en el caso Odebrecht contra Alejandro Toledo.
El Poder Judicial se pronunciará próximamente sobre la situación jurídica de las empresas ICCGSA y JJC, que formaron parte de la ejecución de la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), obra que tiene una acusación fiscal por el caso Odebrecht desde agosto de 2020.
Dichas empresas, que en octubre del año pasado fueron incluidas cuando la investigación preparatoria contra el expresidente Alejandro Toledo y otros ya había concluido, apelaron la decisión que tomó entonces en primera instancia el juez Richard Concepción Carhuancho.
En este sentido, tras las oposiciones presentadas por ICCGSA y JJC esta tarde ante la Primera Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado, los magistrados que integran el tribunal decidirán si estas empresas formarán definitivamente parte del proceso y puedan defenderse ya en el control de acusación (pues el fiscal José Domingo Pérez concluyó la investigación en 2020 y podrían intervenir en etapa intermedia donde se admitirán pruebas, testigos y otros documentos para el posterior juicio oral).
El abogado de ICCGSA, César Nakazaki, así como la defensa de JJC, Héctor Gadea, sostuvieron en la sesión que si bien ambas empresas ya estaban incluidas como terceros civiles responsables desde el 14 de diciembre de 2018, la Fiscalía tardó un año para solicitar la incorporación de las mismas como sujetos pasivos de sanciones.
Ambos resaltaron que el ser terceros civiles responsables solo tiene consecuencias patrimoniales; es decir, que podrían pagar una eventual reparación civil al Estado por los daños. Pero que si son incluidas como partes del caso, tendrían que afrontar posibles sanciones penales. Esta distinción fue hecha debido a que insistieron en que solo podían ser incluidas durante la investigación, y no cuando esta ya había concluido.
Del lado del Ministerio Público, el fiscal adjunto Herán Mendoza resaltó que el juez Concepción Carhuancho sí había sustentado suficientemente la incorporación de las empresas como partes en el proceso y que ello no afecta su derecho a defensa, pues pueden hacerlo durante la etapa de control de acusación.
Gisell Andía, representante de la Procuraduría ad hoc, recordó que la Corte Suprema al resolver incorporar a la concesionaria LAMSAC (Línea Amarilla SAC) al juicio contra un exfuncionario de Susana Villarán en 2019, dejó el precedente de que “un sujeto procesal” sí puede ser incorporado incluso cuando el caso esté avanzado y a punto de iniciar un juicio oral.
Al terminar la sesión, los magistrados de la Primera Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado dejaron al voto su decisión y resolverán en los siguientes días si confirman o excluyen del proceso a dichas empresas.
Cabe precisar que la hipótesis que maneja el fiscal José Domingo Pérez es que el expresidente Alejandro Toledo habría recibido más de USD35 millones de Odebrecht a cambio de la adjudicación y ejecución de la carretera Interoceánica Sur.
Revisión pendiente
El 19 de enero último, el juez Concepción Carhuancho ordenó al fiscal Domingo Pérez que completara su acusación puesto que estaba en la incertidumbre si se incluía o no al proceso a las empresas ICCGSA, JJC, Graña y Montero y GyM.
Primero deberán definirse las situaciones de dichas empresas para que el magistrado el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria pueda inaugurar la etapa intermedia y continuar con el proceso que, por el momento, se encuentra paralizado.
En la acusación presentada por Pérez en agosto de 2020, se solicitaron penas de 20 años y medio de cárcel efectiva para el expresidente Alejandro Toledo, los empresarios José Graña Miró Quesada, Fernando Camet Piccone y otros.
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