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Congreso avanza hacia la inhabilitación política de Martín Vizcarra

En proceso. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene ocho denuncias en contra del expresidente. Algunas incluyen a las exministras Mazzetti y Astete. El hoy candidato de Somos Perú pide no usar el tema para excluirlo como contendor político.

Vizcarra. Aspiración congresal puede quedar frustrada. Foto: Aldair Mejía/La República
Vizcarra. Aspiración congresal puede quedar frustrada. Foto: Aldair Mejía/La República
Wilber Huacasi

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso empezó a revisar ayer el bloque de denuncias en contra del expresidente Martín Vizcarra, por haber accedido a la vacuna de Sinopharm al margen del ensayo clínico y sin transparencia, caso conocido ahora como vacunagate.

Son en total ocho acusaciones contra Vizcarra presentadas por congresistas de las bancadas Podemos Perú, Nueva Constitución, Unión por el Perú, Acción Popular, el Partido Morado y el Frente Amplio. Una de ellas es, incluso, del hoy candidato congresal por Arequipa Marco Falconí.

La subcomisión, que preside el parlamentario Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), acordó ayer agrupar estas denuncias en dos bloques, en función a dos criterios: los de juicio político y los que corresponden a antejuicio político.

En entrevista telefónica con La República, Pérez Ochoa precisó que la secretaría técnica de la Subcomisión tendrá los dos informes listos en función a dichos criterios y, de no mediar inconvenientes, podrían ser declarados procedentes en la sesión programada para el lunes a las nueve de la mañana.

El legislador explicó que la separación de las denuncias en los dos bloques permitirá evitar posibles maniobras dilatorias por parte del denunciado.

Infracciones y delitos

Con respecto al juicio político, en las denuncias hay mayor concordancia sobre la posible infracción a los artículos 38, 39 y 44, por parte del expresidente Martín Vizcarra.

El artículo 38 establece que “todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución”.

El artículo 39 precisa que todos los funcionarios públicos están al servicio de la nación. En tanto, el 44 señala que es deber del estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, entre otros aspectos.

Por otro lado, las denuncias para el proceso de antejuicio político tienen un amplio abanico de delitos atribuidos a Vizcarra y van desde concusión hasta organización criminal.

Responsable. Carlos Pérez, presidente de la Subcomisión. Foto: Contreras/ La República

Las consecuencias

Por la coyuntura, cobra relevancia el juicio político, porque el resultado final podría ser que el hoy candidato congresal por Somos Perú no pueda asumir el cargo, en el hipotético caso de que resulte elegido.

De hecho, en el Parlamento ya han surgido distintas voces que van en la línea de evitar que Vizcarra tenga presencia en el próximo parlamento.

El juicio político puede culminar dentro de un mes y medio, con una votación en el Pleno para acordar la inhabilitación temporal de Martín Vizcarra para el ejercicio de cualquier cargo público.

En tanto, el antejuicio político avanzará en paralelo y el resultado final será retirar a Vizcarra la prerrogativa especial que tiene como expresidente, con el fin de que el Ministerio Público pueda investigarlo.

Vizcarra se pronuncia en un video

Ante las denuncias constitucionales presentadas en su contra y la conformación de una comisión investigadora, el ahora candidato congresal Martín Vizcarra adelantó que se allanará a las investigaciones.

Mediante un video, Vizcarra pidió no usar el tema políticamente para sacarlo de la contienda.

“Lo único que pido es que no traten de usar su cargo para eliminar a un contendor político. No se aprovechen de las circunstancias. Estamos en un proceso electoral democrático donde, en las urnas, es la población la que debe determinar a sus próximas autoridades”, señaló.

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