Caso Edgar Alarcón queda en manos de la Permanente
Congreso. Informe de la congresista Tocto contra el excontralor, por enriquecimiento ilícito, recibió la luz verde de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a pesar de los intentos de blindaje de las bancadas de Podemos Perú y Fuerza Popular.
La denuncia constitucional contra el congresista Edgar Alarcón, de Unión por el Perú (UPP), finalmente pasará a manos de la Comisión Permanente del Congreso, luego de que ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobara el informe de la parlamentaria de Democracia Directa (DD) Felícita Tocto, el cual recomienda formalizar la investigación contra el excontralor por presunto enriquecimiento ilícito cuando dirigía la Contraloría General de la República entre los años 2016 y 2017.
El informe de Tocto recibió la venia de 11 congresistas en la subcomisión. Sin embargo, hubo tres legisladores que se opusieron al avance de la denuncia: Carlos Mesías, de Fuerza Popular; Carlos Almerí, de Podemos Perú; y la no agrupada Martha Chávez.
A ellos se sumaron la abstención del exvocero de Alianza para el Progreso (APP) Fernando Meléndez y las ausencias de los congresistas Javier Mendoza Marquina, de UPP; María Gallardo, de Podemos; y Guillermo Aliaga, de Somos Perú.
Alarcón es investigado por los presunto delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso y cohecho pasivo. Foto: La República
Durante la sesión de la subcomisión, los parlamentarios Almerí y Chávez alegaron que existía una arremetida orquestada contra Alarcón y que el expediente de Tocto apuntaba a inhabilitarlo de la función pública. “Esto es prácticamente una persecución (...) Me preocupa mucho que se esté avalando la tesis del Ministerio Público”, sostuvo el legislador de Podemos. “¿Dónde está probado que el señor Alarcón, cuando fue contralor, abusó de su cargo?”, dijo Chávez, sumándose al coro de los aliados de UPP.
Tocto tuvo que refutar la desinformación expresada por ambos y aclarar que sus recomendaciones se ciñen a lo que demanda la Fiscalía de la Nación: la habilitación para formalizar la indagación, pues como se trata de un presunto delito de función, Alarcón goza del antejuicio político y, por eso, se necesita que el Congreso apruebe la acusación constitucional.
Meléndez, por su parte, no precisó por qué se abstuvo. Su colega de APP y vicepresidenta de la subcomisión, Tania Rodas, sí apoyó el informe. Les faltó coordinación.
En diálogo con La República, la legisladora Tocto se mostró optimista por la aprobación de su documento, pero expresó su malestar por la resistencia de algunas bancadas. “Hubo algunos congresistas que han actuado más como parte de la defensa del señor Alarcón. Usualmente solo se da lectura y se vota. Pero veo yo que hubo posiciones queriendo desacreditar el informe”, lamentó.
Tocto
No sería la primera vez que en el Congreso algunas fuerzas políticas minimizan las acusaciones contra Alarcón. En 2017, cuando se hizo público que el congresista de UPP se dedicaba al negocio de la compra y venta de vehículos mientras trabajaba en la Contraloría, la Mesa Directiva, entonces presidida por el actual candidato a la primera vicepresidencia con Fuerza Popular (FP), Luis Galarreta, demoró que se discuta la destitución del excontralor.
Actualmente, la congresista del Frente Amplio (FA) Mirtha Vásquez preside el Congreso y la Comisión Permanente. Está en su poder agendar el informe de Tocto lo más pronto posible.
Lo que se viene y falta
En la Permanente no sería una sorpresa que surjan críticas a las acusaciones formuladas. El congresista del Partido Morado (PM) Gino Costa advirtió lo que se viene, sobre todo por los aliados de UPP, quienes constantemente protegen al excontralor. “A Alarcón no le faltan amigos en el Congreso. Ratificación en Permanente y pleno será dura”, alertó. Sin el consentimiento de la Permanente, cabe precisar, el expediente de Tocto no podrá ser discutido en el Pleno del Parlamento y, luego, la Fiscalía no podrá formalizar la indagación.
Alarcón, además, tiene pendientes otras dos denuncias constitucionales por peculado doloso y cohecho en el caso Los Temerarios del Crimen. La imputación por peculado tiene al vocero de Acción Popular (AP), Franco Salinas, de ponente. El 3 de febrero venció el plazo para que presente sus conclusiones, pero pidió ampliación hasta mañana. “Seguimos revisando los folios que la Fiscalía ha enviado, y llegan a casi 2.900. El informe debe estar escrupulosamente elaborado. El caso es complejo”, respondió Salinas a este diario.
La acusación por cohecho, mientras tanto, no tiene ponente.
El penalista Carlos Caro explica que por estos tres presuntos ilícitos, Alarcón podría recibir una condena de hasta 35 años de prisión. “Pero los congresistas hacen largo el proceso cuando van por el camino de la acusación constitucional. Han estado blindando”, comentó.
Los votos evidencian este comportamiento.
Mirtha Vásquez
No lo acusan
Carlos Mesía (FP)
Carlos Almerí (Podemos)
Martha Chávez
Martha Chávez indicó que algunos de los manifestantes buscaban alterar el orden público. Foto: La República
¿Qué se le imputa a Edgar Alarcón?
El 9 de julio del año pasado, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Edgar Alarcón debido a que encontró un desbalance patrimonial de S/ 201.000 entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, justo cuando el congresista de UPP dirigía la Contraloría.
En las denuncias constitucionales de peculado doloso y cohecho, la Fiscalía sostiene que Alarcón, siendo contralor, realizó pagos ficticios a proveedores y recibió S/ 30.000 a cambio de desbloquear temporalmente las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y así favorecer a la red del alcalde de dicha comuna, David Cornejo Chinguel.
Alarcón es acuso por haber cometido el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado. Foto: Carlos Contreras/La República
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