Política

Informe concluye que Alarcón debería ser acusado por enriquecimiento ilícito

Documento final elaborado por la parlamentaria Felícita Tocto será analizado este jueves por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Citación. Edgar Alarcón debe responder las interrogantes de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Foto: difusión
Citación. Edgar Alarcón debe responder las interrogantes de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Foto: difusión

El informe final de la congresista de Democracia Directa Felícita Tocto concluyó que el parlamentario Edgar Alarcón, de Unión por el Perú, sea acusado por el delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento ilícito.

El documento de 151 páginas, que será evaluado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales este jueves 4 de febrero, recomienda acusar por antejuicio político a Alarcón “en su condición de excontralor general de la República” luego de las denuncias hechas por la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, en julio de 2020.

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En su presentación ante la subcomisión este jueves, Tocto sustentará su reporte, tras lo cual será debatido y puesto a votación. Si es aprobado, se remitirá a la Comisión Permanente, la cual deberá convocar a sesión para determinar si se aprueba y, por tanto, formular la denuncia mediante una Subcomisión Acusadora ante pleno del Congreso.

A Alarcón se le investiga por un presunto desbalance patrimonial negativo a raíz de gastos que ascienden a S/ 201.337,24, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, cuando se desempeñó como gerente central de Operaciones, Auditoría y vicecontralor. Según el código penal, de encontrarse culpable, afrontaría una condena de hasta 15 años de cárcel.

Como se recuerda, el también presidente de la Comisión de Fiscalización afronta más de cuatro denuncias en su contra por diversos delitos que habría cometido cuando era contralor general. Entre las acusaciones se encuentran hechos de colusión, peculado doloso, negociación incompatible y lavado de activos.

En su defensa, Alarcón ha reiterado ser objeto de “motivaciones políticas”. Durante una sesión privada de la Subcomisión, argumentó que se busca presentarlo como alguien “que se ha enriquecido en la función pública” por haber denunciado “a la organización criminal de Chinchero”.

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