Buscan que universidades privadas sin licenciamiento sean declaradas “de necesidad pública”
El congresista Rubén Ramos Zapata presentó un proyecto para modificar el artículo 115 de la Ley Universitaria a favor de instituciones que no cumplieron con las condiciones básicas de calidad.
Propuesta. La bancada de Nueva Constitución presentó una iniciativa legislativa para que universidades privadas que no lograron el licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sean declaradas “de necesidad pública” y puedan seguir funcionando.
Fue el congresista Rubén Ramos Zapata quien mandó al Congreso de la República el proyecto de ley n°. 6890/2020-CR, el cual busca la modificación del artículo 115 de la Ley Universitaria en favor de universidades como Telesup (del investigado exparlamentario José Luna Gálvez) y Alas Peruanas (institución usada por el exlegislador del fujimorismo Joaquín Ramírez para lavado de activos).
“Las universidades privadas que no cumplan o no aprueben con los procedimientos de calidad educativa que exige la presente ley, o no son licenciadas, son declaradas de necesidad pública para los efectos del artículo 70 de la Constitución”, fue parte del referido proyecto presentado el último 30 de diciembre.
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En efecto, de acuerdo al mencionado artículo de la carta magna: “A nadie puede privarse de su propiedad, sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectivo por indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.
Por su parte, Ramos Zapata se refirió al papel de la actual Constitución en esta situación. “Ha desprotegido el derecho de los estudiantes, otorgando prioridad al derecho a las ganancias de los inversionistas en educación, quienes han hecho de la educación un negocio. En tal sentido, durante casi dos décadas, la educación universitaria privada se ha expandido llenando las ilusiones de la juventud de progresar mediante la educación superior universitaria”, detalló parte de la propuesta.
De igual manera, con esta modificación en la Ley Universitaria, se obligaría a las personas naturales o jurídicas a pedir su sustitución al Estado en la prestación de dicho servicio.
Es así que, según el proyecto, se pueda brindar el servicio de calidad “que el propio Estado pide” y, además, se garantizaría su continuidad. “En caso de no poderlo hacerlo, el Estado debe ser capaz de asumir la obligación que primigeniamente le partencia”, precisó la iniciativa.
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Otro de los argumentos de esta propuesta es que, si bien existen universidades que no cumplieron con las condiciones básica de calidad (CBC), esto motivó “a que estudiantes busquen alternativas para continuar sus estudios”, panorama que hasta la fecha el Ministerio de Educación (Minedu) no resuelve.
Por otra parte, se detectó que la Beca Traslado, promovida por la gestión de la exministra del sector Flor Pablo Medina, “solo atiende a un número reducido de estudiantes de universidades no licenciadas”, lo que genera un problema debido a que los pagos de matrículas y pensiones de universidades privadas “elevarían el costo de la beca reduciendo la cifra a un número menor”.
Finalmente, la propuesta de Rubén Ramos señaló que, al ser la educación un bien de interés y de necesidad pública, el Estado “debe asumir la continuidad mejorando los índices de calidad y reparando el valor a quien invirtió en la institución”.
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