Congreso insiste con un concurso para el Tribunal Constitucional plagado de anomalías

Ha pasado un mes desde que el Congreso generó la última crisis política con la declaratoria de la vacancia de Vizcarra y la consecuente movilización nacional y ahora nuevamente este poder del Estado vuelve al acecho: portavoces de siete bancadas adelantaron que darán continuidad al cuestionado concurso público para la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Tal postura fue expresada ayer durante la Junta de Portavoces. En dicha reunión, la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, sostuvo que era necesario saber las posturas de cada bancada sobre este concurso.

Fue entonces que se pronunciaron por la continuidad del proceso los portavoces de las bancadas Acción Popular, Unión por el Perú, Podemos Perú, Fuerza Popular, Frepap y los nuevos grupos parlamentarios Nueva Constitución y Descentralización Democrática.

En contraparte, insistieron con la suspensión los portavoces de cuatro bancadas: el Partido Morado, Frente Amplio, Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP).

Particular es el caso de Acción Popular que el 14 de noviembre, en plena crisis, sacó un comunicado planteando la suspensión del concurso y la desactivación de la Comisión Especial. Ayer, los acciopopulistas Otto Guibovich y Ricardo Burga salieron con la postura de seguir con el proceso.

Rechazo a insistencia

De hecho, lo que plantea Acción Popular en el Congreso no cuenta con el pleno respaldo de la militancia. Yonhy Lescano, ahora candidato a la presidencia por dicho partido, rechaza el avance del concurso.

“Se ha perdido legitimidad no solo en esa comisión del concurso, sino también en el Congreso, por todo el caos que se originó por la vacancia”, declaró a esta redacción.

Walter Albán, ex defensor del Pueblo, advierte que esta insistencia del Congreso va a generar una nueva movilización. “Ese concurso de ninguna manera va a pasar. Que estén advertidos. Si insisten con el concurso para el Tribunal Constitucional, quienes van a ser objeto de la crítica y la movilización ciudadana serán los propios congresistas”, apunta.

“Dejen de jugar con los sentimientos de la ciudadanía”, insistió Albán, al recordar que ya varias bancadas habían decidido suspender el concurso.

“Luego de dar el golpe de Estado, prácticamente, se asustaron y dijeron que el nuevo Congreso es el que debe elegir a los nuevos magistrados”, recordó.

Además de las eventuales movilizaciones que advierte Albán, desde las organizaciones de la sociedad civil insistirán con pedir un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según anticipó la abogada Cruz Silva (IDL Justicia Viva).

Precisó que apenas el pleno del Congreso ratifique la decisión de los portavoces de avanzar con este concurso, enviarán un nuevo documento reiterando las anomalías identificadas a lo largo de este proceso, desde la redacción del reglamento.

Importantes casos que debe resolver el TC

El TC concentra un especial interés del Congreso, debido a importantes casos pendientes de ser resueltos.

Además de la demanda de inconstitucionalidad del caso ONP, también están pendientes decisiones en demandas como una vinculada con la intención de construir un condominio en el Morro Solar, otra que permitiría a grandes empresas librarse del pago de deudas millonarias a la Sunat, otra que busca debilitar el sistema de colaboración eficaz y aquella que busca la contratación de médicos y enfermeras sin concurso.

Enfoque

Activan potenciales escenarios de crisis

Por: Noelia Chávez, socióloga

Las protestas ciudadanas han mostrado un contundente rechazo hacia la clase política gobernante, sobre todo hacia el Poder Legislativo. Las encuestas posteriores a la renuncia de Merino indican un 88-90% de desaprobación al Congreso.

La población ya no confía en sus representantes electos. No cree que tomen decisiones pensando en el bien común, y esa es una fuerte crisis de autoridad. La autoridad, sobre todo en una democracia, descansa en la legitimidad ciudadana más que en lo “procedimental”. Sin ella, no hay respaldo sufi ciente para tomar decisiones, por más que tengan “herramientas normativas”.

Si quienes gobiernan optan por no hacer caso al malestar ciudadano, están transitando peligrosamente hacia un modelo más autoritario y activan potenciales escenarios de crisis.

La elección de miembros del TC es un proceso trascendental para el país y requiere de legitimidad ciudadana. Si el Congreso decide avanzar con una elección apresurada y sin legitimidad, es posible que la vigilancia ciudadana genere diversas alertas para articular nuevas movilizaciones, sobre todo ahora que 1) más personas conocen las funciones e importancia del TC, por el tema de “incapacidad moral”; 2) tienen herramientas de monitoreo, información y organización rápida, y 3) hay un interés creciente por los asuntos públicos entre las y los jóvenes de 18-24 años según las encuestas. La ciudadanía se ha movilizado antes sobre este mismo tema, en 1997, en la repartija del 2013 y podría ocurrir nuevamente ahora.

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