Brasil: Corte Suprema aprueba nuevas reglas para acuerdo de colaboración eficaz con empresas
El nuevo protocolo deja fuera al Ministerio Público. Las negociaciones estarán a cargo de la Contraloria y la Fiscalía General de la Unión.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, José Antonio Dias Toffoli firmó este jueves, en una ceremonia realizada en Brasilia, un nuevo protocolo para los acuerdos de colaboración eficaz con las empresas, en la que excluye al Ministerio Público Federal de las negociaciones.
Augusto Aras, el procurador General de la República, había puesto observaciones al protocolo y no participó en la ceremonia. En teoría, el protocolo busca una mejor coordinación entre las instituciones estatales, pero los fiscales se quejan que en realidad el gobierno buscaría tener acceso a información reservada del caso Lava Jato.
El protocolo fue firmado por Toffoli; el Contralor General de la Unión, Wagner do Rosário; el Fiscal General de la Unión, José Levi; el Ministro de Justicia, André Mendoca y el presidente del Tribunal de Cuentas, José Múcio Montero, informó la prensa brasileña.
El Ministerio Público Federal no estaba de acuerdo con el nuevo procedimiento y Aras había pedido tiempo para que la Quinta Cámara de Coordinación y Revisión de la Procuraduria, encargada de la lucha contra la corrupción, evaluará el documento y sugiriera cambios, informó el diario OGlobo.
Ventanilla única
La propuesta de Toffoli establece una “ventanilla única” para que las empresas involucradas en actos de corrupción llegue a un acuerdo de clemencia y colaboren con las investigaciones, con la participación de todas las entidades estatales y no tener que negociar con cada una de ellas por separado.
Hasta ahora los acuerdos de colaboración, con el que firmó la constructora Odebrecht en el caso Lava Jato, fueron iniciativa de los fiscales del Ministerio Público y solo después se unieron organismos como la Contraloría General de la Unión. El Grupo de Tarea de Lava Jato y los fiscales del Ministerio Público rechazan las nuevas reglas.
El protocolo promovido por Toffoli, según OGlobo, establece que cuando el Ministerio Público o la Policía Federal encuentren a una compañía involucrada en actos ilegales deben informar a la Contraloria General y la Fiscalía Genera de la Unión, que se encargarán de las negociaciones. Solo después que se firme el acuerdo de leniencias, las pruebas que entreguen las compañías, serán entregadas a los fiscales.
En su discurso, durante la firma del protocolo, el presidente del Supremo Tribunal Federal no mencionó la ausencia del procurador Aras, pero explicó que el documento no crea ni elimina competencias de ninguna de las oficinas involucradas, que se derivan de la Constitución y las Leyes.
Insistió que lo que se busca es aumentar la seguridad jurídica y el trabajo integrado y coordinado de las instituciones ante un acuerdo de clemencia. Pero, los fiscales consideran que eso los deja fuera del análisis de los hechos criminales que una determinada empresa este confesando en el acuerdo.
El individuo y el colectivo
Toffoli subrayó que el Ministerio Público Federal puede firmar el documento con posterioridad. La ceremonia se realiza en medio de un enfrentamiento entre el procurador general y los fiscales de los Grupos de Tarea de Lava Jato, especialmente con el de Curitiba.
El procurador general Agusto Aras ha pedido tener acceso a toda la base de datos del Grupo de Tarea de Lava Jato en Curitiba, Río de Janeiro y Sao Paulo. Los fiscales de Curitiba se negaron argumentando que hay información confidencial. Aras recurrió al Tribunal Supremo Federal que le dio la razón, pero un juez anuló esa resolución.
Ahora, el procurador general evalúa si apelar o utilizar los mecanismos internos para lograr lo que ha denominado corregir los rumbos de Lava Jato, ante información que no se habría registrado en los canales oficiales del Ministerio Público.
En una conferencia, ante el Consejo Nacional de la Fiscalía, Aras dijo que los procuradores están obligados a seguir las directrices de sus superiores y que no pueden anular el colectivo.
Aras señaló que la Constitución garantiza independencia a los fiscales para lograr una condena y rechazar actos indebidos, pero deben aceptar las pautas de sus superiores pues la individualidad generaría un sistema caótico y anárquico, en el que cada fiscal sería una institución diferente.
