Ministerio Público pide postergar en Lima entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal
Hasta mayo del 2021. La situación de emergencia generada por el coronavirus no ha permitido avanzar con la implementación. Unos 6,400 casos regresar a cero si se mantiene la fecha actual: 1 de julio.
El Ministerio Público-Fiscalía de la Nación solicitó al gobierno prorrogar hasta el 31 de mayo del 2021 la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en los distritos judiciales de Lima Centro y Lima Sur, pero mantener la asignación de los recursos para seguir adelante con la reforma penal.
La reforma penal debEría entrar en vigencia en ambos distritos judiciales el próximo 1° de julio, pero por la pandemia del SARS-CoV-2, la fiscalía se ha visto impedida de completar el proceso de implementación: búsqueda y alquiler de locales, acondicionamiento de ambientes, adquisición de bienes y servicios y contratar y preparar a fiscales y personal de apoyo y realizar la descarga, es decir, terminar con los casos antiguos.
Los recursos para este proceso se entregaron en marzo, lo que coincidió con la declaración de emergencia y el aislamiento social que se ha prorrogado hasta este fin de junio, por lo que todos los procesos quedaron incompletos, señala el coordinador del Ministerio Público para la implementación, Víctor Cubas Villanueva.
El nuevo Código Procesal Penal se viene implementando en el país de manera progresiva desde el año 2004. El proceso de implementación debe concluir con Lima Centro, el distrito judicial más grande del país, y con Lima Sur. El nuevo Código Procesal Penal significa un gran cambio en las investigaciones de los casos de contenido penal. El procedimiento que aun se aplica en Lima data del año 1940.
Para su implementación, el Ministerio Público solicitó recursos por 409 millones de soles para Lima Centro y 148 millones de soles para Lima Sur, pero en marzo de este año el gobierno solo le asignó recursos por 158 millones en el primer caso y 26 millones de soles por el segundo distrito, lo que motivo que se hicieran reajustes a la planificación.
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Con el coronavirus no controlado, el Ministerio Público solicita que se mantenga la asignación de los recursos durante lo que resta del año 2020 para llevar adelante la implementación en estos próximos nueve meses, periodo en el que se mantendrá el aislamiento social, de tal manera de cumplir con la adecuación de los locales.
Además, lo que se considera más importante realizar la descarga procesal. En estos momentos existen 6,900 denuncias penales formalizadas ante los juzgados penales de Lima Centro y Sur que por la emergencia no se han resuelto. Hasta el 16 de marzo, los jueces ya habían convocado audiencias en 2,900 casos, en un calendario que llegaba hasta octubre. Los otros 4,000 casos estaban en espera.
La población en general y la policía también tiene que ser preparada en el nuevo procedimiento. Con la reforma, el fiscal asume la dirección de la investigación penal y el caso llega al Poder Judicial para una prisión preventiva o el juicio público respectivo. Según el INPE, en las regiones dónde ya se aplica el Nuevo Código Procesal Penal el número de presos sin sentencia es menor, lo que también ayuda a descongestionar los penales.
Sí la reforma procesal sigue adelante, advierte Cubas Villanueva, esos 6,900 casos regresaran al Ministerio Público para que se adecuen al nuevo procedimiento, lo que significará que todo comience de nuevo: llamar a las víctimas, interrogar a los testigos y recoger pericias y otras pruebas. Ahora, todo este proceso será más engorroso.
Por esto, el Ministerio Público pide prorrogar la entrada en vigencia la reforma penal por los próximos meses, lo que daría un plazo adecuado para que en la actual coyuntura se pueda completar la descarga de los casos pendientes, por parte de los fiscales y jueces. El 31 de mayo del 2021, entraría en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en Lima Centro y Sur para los nuevos casos.
La fiscal de la Nación, Zoraída Ávalos y la comisión de implementación han presentado el informe respectivo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que, de aceptar el pedido, se emita el Decreto Supremo respectivo. La fiscalía considera que el pedido puede ser aceptado, lo que les preocupa es que se detenga la asignación de recursos y en estos meses no se pueda avanzar nada.
