El Congreso contra la Sunedu: la historia de un asedio constante
Apenas aprobada la Ley Universitaria, se presentó una demanda constitucional en su contra. A eso hay que sumar intentos de reducir las capacidades de la superintendencia o de investigarla por presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento.
Desde que la Ley Universitaria fue aprobada en el año 2014 y permitió la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), esta ha sido un permanente objeto de acoso por parte del Parlamento.
Hay un detalle que no debe perderse de vista: la norma -a pesar de que contó con el respaldo del gobierno de entonces- apenas fue aprobada por un voto de diferencia. Es decir, nació débil en términos de respaldo político. Como recuerda el investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Ricardo Cuenca, al mes y medio de su promulgación fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. De los 45 parlamentarios promotores de ese recurso, 32 pertenecían a la entonces bancada de Fuerza Popular (FP).
“El TC falló a favor de la ley, aunque pidió algunos ajustes particulares, como lo de la edad de jubilación (de los profesores). Pero frente a la regulación y la Sunedu, no hubo problemas”, dijo Cuenca. Fue el primer misil.
Acoso tras acoso
El 26 de enero de 2015, el entonces legislador de FP, José Elías Ávalos, presentó un proyecto de ley ante la Comisión de Educación con un objetivo concreto: modificar y derogar diversos artículos y disposiciones de la Ley Universitaria. Como es de público conocimiento, Elías es fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB). Esta obtuvo su licenciamiento en noviembre de 2019, por un periodo de seis años.
Aunque la iniciativa de Elías Ávalos no prosperó, es interesante porque revela un patrón. Lo que buscaba era la formación de un Consejo Nacional de Educación Universitaria que tuviera, básicamente, tareas de coordinación del sistema universitario. En otras palabras, el objetico era que la Sunedu pasara a convertirse en una instancia de menor nivel. Algo similar a lo que se pretende con el nuevo proyecto que está siendo objeto de debate en la Comisión de Educación, que propone un Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (Conau) que resolvería -en segunda y última instancia administrativa- los recursos de impugnación interpuestos contra las resoluciones de la Sunedu.
Hubo más intentos de presionar a la reforma
En octubre de 2016, la bancada del APRA presentó otro proyecto para modificar artículos sensibles de la Ley Universitaria. Entre ellos, se iba a dejar sin efecto la prerrogativa de la Sunedu de verificar la calidad de las universidades ya creadas, como parte del proceso de licenciamiento. También proponía que el consejo de aquella ya no sea resultado de un concurso público, sino que sus miembros sean electos a propuesta de los rectores (una manera indirecta de volver a los tiempos de la desactivada ANR).
Un dato interesante es que, como explicó La República en ese entonces, durante el segundo gobierno aprista (2006-2011), nacieron 49 universidades, casi 10 por año, una cada mes y medio, aproximadamente.
Hay más. En marzo de 2018, la Comisión de Educación, que presidía la entonces fujimorista Paloma Noceda, aprobó una moción para solicitar facultades investigadoras a la Sunedu. Vencido el plazo, no se presentó ningún informe.
Asimismo, en setiembre de 2019, la misma Comisión de Educación, esta vez conducida por la fujimorista Tamar Arimborgo, aprobó otra vez solicitar facultades especiales para investigar a la Sunedu por presuntas irregularidades en las contrataciones y en el licenciamiento de las universidades. La disolución constitucional del Parlamento, decretada por el presidente, Martín Vizcarra, terminó por paralizar esta nueva arremetida.
Entonces, el nuevo proyecto que se debate en estos días en la Comisión de Educación se une a la serie de intentos por paralizar o, al menos, debilitar la reforma universitaria,
“Lo que ocurre es que la Ley Universitaria y la Sunedu en particular ocasionaron y ocasionan molestias directas a un conjunto de intereses ideológicos, de parte de personas que no creen en que deba haber ninguna regulación, e intereses particulares”, señala Cuenca.
